63
Todo el contenido de la Revista está bajo la licencia de Creative Commons. Reconocimiento – No
Comercial – Sin Obra Derivada.
Universidad Internacional de las Américas Veritatem 2015, 1 (1), 63-78. diciembre 2015
Departamento de Investigación ISSN 2215-5317
https://revistas.uia.ac.cr/index.php/proveritatem/issue/view/2
Telecomunicaciones como Capital Social:
Rol del Estado Costarricense en el Acceso y la Conectividad de las Zonas Indígenas y
Marginales
Recepción: 15-11-2015
Aceptado: 15-12-2015
MÁSTER JOSÉ PABLO SALAZAR AGUILAR
Universidad Internacional de las Américas (UIA)
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Resumen
En el mundo, las telecomunicaciones —o telcos— son factor crítico de éxito en la vida
socioeconómica de las naciones. En el caso costarricense no es menos trascendental por su
condición de subdesarrollo, en la ruta a alcanzar el equilibrio entre crecimiento económico y
desarrollo sostenible, en un mundo globalizado y supeditado a las fuerzas de mercado.
El Estado costarricense debería garantizar que las comunicaciones sean de acceso para
todos, no solo por exigencia del marco jurídico, sino por característica de una democracia. Sin
embargo, la penetración de estas se han quedado en meros indicadores que reflejan cantidades
positivas, pero cuya realidad denuncia la pésima distribución en zonas indígenas o/y marginales
de la geografía nacional.
Entonces, democratización de las telcos ha quedado en un discurso populista que se
inclina hacia el capital privado. De esa manera, se posiciona un liberalismo que evade los
componentes social y ambiental, priorizando en la acumulación de riqueza al mercantilizar
acceso y conectividad.
Palabras clave: Telecomunicaciones, Estado, indígena, capital.
64
Abstract
Telecommunications (or telcos) are a critical factor that determines national socioeconomic
success. Being Costa Rica an underdeveloped country, telecommunication is an important issue
to consider in order to guarantee its way towards economic grown and sustainable development.
The Costa Rican government must ensure that telecommunications are accessible to all the
population since it guarantees nationwide democracy. However, even when indicators show a
positive growth in telecommunications, reality proves a poor distribution among indigenous
and marginal areas around the country. Furthermore, the democratization of telcos remains as
a demagogic discourse that favors private capital as it evades social and environmental
components.
Key Words: telcos, telecommunications, capital, Nation
Introducción
En Costa Rica, existen 22 pueblos
indígenas reconocidos (ocho culturas
diferentes), dispersos por todo el territorio,
para un total de 63.876 personas, según el
último censo nacional 2011, del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Al contrastar ese dato con el acceso per
cápita a las telecomunicaciones que ha
colocado al país en cuarto lugar de
penetración de telefonía fija en
Latinoamérica, según el informe 2014 de la
Superintendencia de Telecomunicaciones
(Sutel), pareciera “natural”, pero al analizar
en detalle el vacío de acceso a internet y la
conectividad en las zonas indígenas y
marginales, la realidad es otra.
Con la firma del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana
(Cafta, por sus siglas en inglés), las
telecomunicaciones dejaron de ser un bien
demanial, bajo un esquema solidario del
Estado costarricense, a través del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), y se
convierten en una mercancía más. La
excepción es la telefonía fija, la cual —en la
teoría— no se abrió, empero sobre la que se
sostiene la red de acceso de internet, tema
en discusión.
En la actualidad, el mercado de las
telecomunicaciones yace en un limbo
caótico por la negligencia de la
Superintencia de Telecomunicaciones
(Sutel) que ha evadido su rol natural, nacido
65
con el mencionado Tratado. La figura
adscrita a Sutel, llamada Fondo Nacional
de Telecomunicaciones (Fonatel) es tan
trascendental como inoperante, en un
mercado en competencia. Apenas ha
logrado la adjudicación de 13 zonas
alejadas del país, de las cuales solo seis han
sido concesionadas al ICE, al tiempo que es
este el mayor depositario de recursos
‘forzados’ al Fondo, con un total de ¢
30.000 millones entre el 2011 y 2015
(Semanario Universidad, 2015).
En ese contexto, que más se
ampliará, lo que naturalmente fue deber del
Estado como garante de las condiciones
naturales de sus habitantes en toda la
geografía, cedió parte de sus
responsabilidades en el capital privado.
Fonatel es el canal mediante el cual se
transfiere excedente social a manos
privadas, en modelos como el de
concesiones, por ejemplo.
El acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) es
fundamental para el desarrollo de los pueblo
a nivel global. Está íntimamente
concatenado con las condiciones
socioeconómicas de cada nación e
indudablemente el avance o rezago
económico de los indígenas depende en
mucho del acceso a las infocomunicaciones.
En ese pulso entre el crecimiento
económico y el rendimiento de capital
privado (Piketty, 2012), darles
oportunidades a los indígenas, más allá de
las que poseen en sus entornos inmediatos,
como por ejemplo la agricultura sin obviar
los problemas per se que tiene este
particular (Solano, 2011), es fundamental
para el acceso y conectividad con el mundo.
El presente informe es resultado de
una investigación realizada que pretende
evidenciar cómo un bien social pierde esa
condición para convertirse en mercancía,
con la complicidad del Estado, el cual, con
o sin intención, ha favorecido a actores de
interés, los cuales generan un plusvalor de
la infraestructura otrora considerada bien
público, dentro de un espacio público, pero
que en realidad pertenece a una
transnacional.
Este trabajo posee enfoque
cualitativo de teoría fundamentada-
narrativo se plantea la siguiente pregunta:
¿Cuál es el papel del Estado costarricense
en el acceso y conectividad de las zonas
indígenas y marginales?, para analizar la
reducción del Estado al delegar sus
responsabilidad establecidas en la
Constitución Política en actores privados.
66
Desarrollo
En aras de analizar (1) las características del
modelo liberal y la ‘privatización’ de las
zonas indígenas y marginales en relación
con la concentración de la riqueza en manos
privadas; (2) las limitaciones—o
intereses— propias de las fuerzas
productivas capitales para la
democratización de las comunicaciones; y
(3) las necesidades y expectativas de los
habitantes costarricenses que se ubican en el
lado gris de la brecha digital; describimos
los hechos de las realidades totales al tenor
de las teorías de estado aplicadas.
La coexistencia de elementos
capitalistas y no capitalistas, es decir, del
trabajo productivo y no productivo está viva
en la realidad nacional, empero como
dialéctica que es, una de las fuerzas llega a
anteponerse y, en el caso específico
costarricense, el capital privado se adueña
del remanente social en térmicos de las
telecomunicaciones, en regiones indígenas
del país.
Para Offe (citado por Sonntag y
Valecillos, 1988, p. 64), “el trabajo
productivo es el que se mercantiliza y el no
productivo (realizados por funcionarios) es
el que no genera plusvalor alguno, pero
puede funcionar en beneficio del
productivo”.
Se constata cómo el deber de llevar
las telecomunicaciones a todo el país
depositado desde los años 60 en el ICE,
empresa pública costarricense con perfil
autónomo, cambió en el 2011. Dejó de ser
un servicio social distributivo y pasó a ser
una mercancía de generación de capital,
para capitalistas, en una clara
instrumentalización del Estado por las
clases dominantes, en lo concerniente a la
economía política.
Algunas cifras compiladas revisten
discursos construidos en el imaginario
colectivo, acerca de la realidad que la
investigación revela al contrastarla con la
teoría el estado. El norte de la investigación
sobre la ventaja del capital privado con base
en la adjudicación de las zonas indígenas
para la extensión de banda ancha, para las
comunicaciones con el mundo, es el fin
último de la misma, pero cuya delimitación
es solo un ápice para entender cómo
interactúan las fuerzas dentro del
capitalismo.
El Plan Nacional de
Telecomunicaciones de Costa Rica
(PNDT), amparado —entre otros— en la
Ley General de Telecomunicaciones (N°
8642), forzada por el Cafta, impulsa
determinadas metas sociales, dentro de las
que está la conectividad de las zonas
67
recónditas del territorio nacional, en un
entorno privatizado y competitivo, es decir,
extrae recursos públicos de entes como el
ICE y los adjudica a privados, a través de
Fonatel. Así, el trabajo que en la teoría no
produce bienes tangibles, existen en función
del que sí los produce, lo que lleva a
ejercicios discursivos posmodernos, como
el discurso de “responsabilidad social
empresarial” o filantropías empresariales.
Como complemento, las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC)
resultan fundamentales no solo para
conectarse con el mundo globalizado por el
propio capital, sino para la educación, el
desarrollo inteligente de los pueblos y la
defensa de sus derechos, mismos que son
violentados al no permitírseles el acceso a
la comunicación con el resto del país y del
mundo. La conectividad llega a zonas
alejadas mediante canales inalámbricos,
pero requiere de plataformas o nodos
relativamente cercanos. Asimismo, los
indígenas requieren de ordenadores o
terminales, como eslabón fundamental para
la conectividad.
En el país, según la Sutel, la
telefonía fija, sobre la que se sustenta la
conexión a internet por fibra óptica o/y
cobre a toda la geografía o puntos de acceso
más cercanos a los territorios indígenas, no
se abrió a la competencia, realidad que
colapsa con el hecho de que se concesiona
como sí lo estuviera. En el portal de internet
de la Superintendencia, se afirma que “la
telefonía básica tradicional y VoIP,
evidencia una tendencia creciente, con un
incremento del 29 % en el período 2013-
2014, al pasar de 43.938 millones de
colones a 57.089 millones de colones”
(2015, p. 35).
Mientras tanto, “la móvil de voz se
incrementó en un 38 % del 2013 al 2014,
donde pasó de 293 miles de millones de
colones a 404 miles de millones” (p. 47),
indica el informe de la Sutel del 2014. Este
dato es relevante para desmentir el
argumento de que la penetración es alta por
cantidad, puesto que esta no garantiza la
distribución ni calidad en el servicio de las
infocomunicaciones, como podría pensarse.
En relación con internet, llave de
acceso al mundo para las zonas indígenas y
marginales de las naciones, el informe de la
Sutel detalla:
El ingreso total asociado al servicio
de acceso a Internet fijo (alámbrico e
inalámbrico), en el 2014, creció un
36 % con respecto al 2013, cuando
alcanzó la suma de 92.252 millones
de colones, durante el periodo 2011-
68
2014. Esta dinámica está
determinada principalmente por la
evolución de los ingresos (pp. 61-
74).
Asimismo, del servicio de acceso a
internet fijo alámbrico, que creció en 37 %
durante el último año, pasando de 63.267
millones de colones a 86.644 millones de
colones en el 2014, a diferencia del
inalámbrico que se incrementó de 4.642
millones de colones a 5.607 millones
durante el mismo periodo. En resumen,
durante el 2014, el 1 % del PIB es inversión
en telcos por los operadores, siendo un
dinamizador de la economía.
Es importante conocer que en Costa
Rica existen —al cierre del 2014— 122
operadores y proveedores, los cuales están
autorizados por la Sutel, y un total de siete
operadores concesionados para la
explotación del espectro radioeléctrico. Es
un mercado incipiente, pero que ya maneja
cifras significativas con peso en la
producción nacional.
De acuerdo con el economista
francés, Piketty (2015), en su obra El
Capital en siglo XXI, ese capital es de
origen nacional, pero privado, cuyo
rendimiento se exporta, sin impacto real, en
la balanza comercial del país y menos aún
en la sociedad porque pertenece a capitales
transnacionales que se reflejan en los
productos nacionales de los países de
origen, dinámica que teorizó Wallerstein
(1994) con su ‘sistema mundo’ o ‘economía
mundo’.
El hecho de que la conectividad de las
zonas alejadas sea básica desde tiempos en
los cuales el ICE conectaba a las regionales
alejadas: suburbios, centros educativos,
indígenas, entre otros, con antenas VSAT,
bajo un modelo solidario auspiciado por el
Estado benefactor, en su contradicción de
gobierno liberal con el disfraz
socialdemócrata, ha quedado atrás. Sabidos
de ello, el capital detrás de organismos
internacionales, apunta al balance social
con rentabilidad, apostando por el la
conectividad de la banda ancha en todo el
país, una tarea pendiente desde hace poco
más de una década.
Según la Sutel, en su sitio en internet,
la Comisión de Banda Ancha de la ONU,
estableció que el precio de un servicio de
banda ancha básico sea menor al 5 % del
ingreso mensual promedio, por habitante de
cada país, para el 2015. Con esta meta, se
pretende aumentar a un 40 % las tasas de
penetración de internet, poniendo especial
atención a los países de bajos ingresos.
“Esta meta procura construir una banda
ancha asequible en los países en desarrollo,
69
a través de regulación y uso adecuado de las
fuerzas del mercado” (sutel.go.cr, 2015)
La expectativa para el 2015, la cual se
conocerá si se cumplió o no dentro de unos
meses, adiciona que “en el caso de
economías en desarrollo, Costa Rica
encabeza la clasificación general, seguida
por Colombia, Turquía, Malasia y Perú”
(Sutel,2015) . Sin embargo, se reitera que
la cantidad no es sinónimo de distribución
equitativa o de calidad en el servicio,
aunque este segundo aspecto no es objetivo
de nuestro estudio.
Ahora bien, el ICE es el ente rector de
las telecomunicaciones y uno de los
operadores dominantes del mercado. En su
Memoria Institucional del 2014, accesible
en su portal web (grupoice.com),
encontramos que su plan de desarrollo
2011-2014 pretendió las conexiones fija y
de banda ancha para zonas pertenecientes a
las regiones Huetar Atlántica y Norte; así
como cumplir el PNDT establecido por el
Gobierno de la administración Solís Rivera.
En él, el Ministerio de Planificación
(Mideplan) asignó 16.5 mil líneas fijas y
12.5 mil conexiones de internet en la Norte;
y 18 mil y 13.5 mil en Atlántica (Mideplan,
2014).
El ICE cumplió las siete metas
asignadas: Internet wireless; unir redes;
infraestructura (determinada por Fonatel),
portabilidad, banda ancha y cobertura y
habitantes móviles. Precisamente, el trabajo
del colaborador público o funcionario es el
que Offe define como no productivo en
coexistencia de fuerzas capitalistas y no
capitalistas.
Sin embargo, el trabajo concreto es el
que no es producto de mercancías, empero
el capital difiere de este. Del primero, del
que el ICE realiza —y realizaba en
economía monopolística— enfocado en la
democratización de las telecomunicaciones
genera renta pública y no capital variable,
es decir, “un trabajo que absorbe valor, no
que produce valor (Offe 1973, p. 67). Así,
la producción se hace más social y deja de
ser pieza de mercado aunque la tendencia
nacional va en suerte contraria, en la
dialéctica propia que la clase política y
económica dominante define en contra de
las fuerzas sociales que lo evitan o lo
complacen.
El rezago social visible
principalmente en las zonas alejadas de
Costa Rica se debe a que el país decidió
abrir su capital social al mercado y pese a
que el Estado no ha liberado por completo
las fuerzas de mercado, el retraso es propio
del pulso antes citado. La posición “contra-
política” es la que pretende imponer los
intereses de una mayoría social que conocer
70
la importancia del capital social o público,
antes que la tendencia del capital privado,
hacia la generación de este y su
acumulación (Offe,1973)
Según Offe, 1973 y su visión
progresista, el Estado debe ordenar la
dinámica de capital con fuerza
democráticas y pluralistas del poder
político; sin embargo, siempre existirá la
contradicción y, al estar presente dicha
dialéctica, el intento del sistema capital por
desestabilizar estará al asedio. Al mismo
tiempo, si se le limita al Estado su ámbito
de acción y se le engrosa y complejiza sus
tareas en busca de fines específicos, no
podría controlar las relaciones de
dominación capitalista. Es lo que ha
sucedido.
Al pretender conciliar los intereses
particulares de los capitales con los
generales, como lo hace el sistema actual
costarricense con diferentes grupos, tarde o
temprano, el crecimiento económico
quiebra para alguno de los sectores y su
carácter se hace destructivo, ahí es donde
debe intervenir la política en términos
cualitativos, no solo cuantitativos, por
medio de política pública definida, sin dejar
al azar, decisiones que marcan el rumbo de
la nación.
El Estado no es neutral, es un campus
del sistema que se instrumentaliza en
función de fines específicos por un
determinado gobierno. Entonces, el pulso es
el devenir histórico que sintetiza un
esquema particular de dominación en la
medida en la cual se articule con las fuerzas
económicas del propio territorio, sin obviar
la legitimización de su poder —traducido en
decisiones—
Ciudadanía al margen
Indígena, según Solano (2011) es la
persona que se declara perteneciente (por
ascendencia, mestizaje o autoadscripción),
a cualquiera de los 24 grupos originarios de
Costa Rica, aunque no se encuentre
residiendo en los llamados territorios
indígenas del país”, y posee los mismos
derechos de acceso a los bienes públicos,
tangibles e intangibles.
En el caso nacional, ese acceso a las
tele e infocomunicaciones es débil y poco
distributivo, pese a los indicadores
expuestos arriba, siendo el Estado, en la
representación de la Comisión Nacional de
Asuntos Indígenas (Conai), el ente que debe
velar por el respeto a los derechos
establecidos en el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el cual se refiere al “mejoramiento de
las condiciones de vida y trabajo y del nivel
71
de salud y educación de los pueblos
interesados, con su participación y
cooperación, deberá ser prioritario en los
planes de desarrollo económico global de
las regiones donde habitan” (Artículo 7,
1991).
El carácter un tanto obsoleto de la
normativa supraconstitucional habla de: “A
tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario,
a traducciones escritas y a la utilización de
los medios de comunicación de masas en las
lenguas de dichos pueblos” (Artículo 30,
inciso 2, 1991), sin más detalle en relación
con las TIC, estando descontextualizado
aún en su dimensión marco.
Lo anterior es consecuencia de que el
Estado costarricense ha alterado el norte y
ha permitido la orientación errónea del
capital, prueba que se denota en la revisión
de la normativa. Por ejemplo, el inciso tres
del artículo 14 de la Resolución de la ONU
sobre los derecho indígenas (61/295) exige:
“Los Estados adoptarán medidas eficaces,
conjuntamente con los pueblos indígenas,
para que las personas indígenas, en
particular los niños incluidos los que viven
fuera de sus comunidades, tengan acceso,
cuando sea posible, a la educación en su
propia cultura y en su propio idioma” (2007,
p. 7).
La realidad expuesta se debe de
manera parcial al poder político que ha sido
supeditado a garantizar las condiciones para
que el orden capital provoque el efecto
desintegrador en la sociedad, al estar
íntimamente relacionado con la fuerza de
‘trabajo abstracta’ y el valor de uso e
intercambio (Offe,1973). La discriminación
de la fuerza laboral a partir de su raza u
orientación cultural es parte del fenómeno,
cuyo efecto es directo e intencionado, o sin
intención directa, pero con la misma secuela
para los estratos inferiores de la sociedad.
Concomitantemente, el Estado ha
perdido —podemos aseverar— la
autonomía infraestructural, entendida esta
como la capacidad de penetrar en la
sociedad civil y ejecutar las decisiones
políticas que legitiman su poder (Mann y
Wickman, 1993) En cuanto a las
telecomunicaciones, la infraestructura cede
ante los embates transnacionales que
quieren adueñarse del mercado
costarricense, y regional, inclusive.
Perder la facultad de sostener su
patrimonio material es ceder frente la
acumulación del capital social,
materializado en las telecomunicaciones, en
tanto los bienes públicos sumados son
menores que la totalidad del capital privado
(Piketty, 2012). En pocas palabras, el
estado-nación involuciona hacia la pérdida
72
de esa condición natural y de la autonomía
y soberanía.
La producción de ese excedente social
en manos de privados se da porque el
trabajo que per se no genera valor en
moneda, indirectamente provoca las
condiciones necesarias para generarlo. El
caso Fonatel y sus concesiones reducen el
nivel de acción de Estado y coloca capital
público al servicio del privado, el cual
obtiene réditos económicos o/y de imagen y
mercadeo, con una cosmovisión
posmoderna del mundo estatista, con sus
características público administrativo.
Para Mann y Wickman (1993),
entonces, la división del trabajo público
concreto, la alfabetización para consolidar
su rol, la economía del valor del Estado y la
comunicación, son ejes de acción que
legitiman el ejercicio de Estado social de
derecho auténtico. Asimismo, un posible
mecanismos de control social es la
ingeniería social Offe, (1973),
aprovechando el momento histórico de la
crisis cultural del capitalismo. Es el marco
sobre el cual se debe basar la dinámica
distributiva de la inversión social por
encima de la mercantilización de un bien
demanial.
Offe (1973), indica:
Los activos fijos de la infraestructura
se diferencian del capital que opera
en el proceso de acumulación no
tanto por las atribuciones materiales,
sino por la forma en que se utilizan.
Este capital no es utilizado para
acrecentar plusvalor o reconvertirlo;
su utilización está más bien orientada
por la producción de valores de uso
concreto. Lo que se expende no es
capital sino renta, y el resultado no es
producción de plusvalor, sino
consumo de valor (pp. 75-76).
En otro orden, el informe 21 del
Estado de la Nación reveló que entre el
2010 y 2014 el aumento de la desigualdad
(medida con el coeficiente de Gini) se
originó en tres fuentes de ingreso: las
ganancias de los empleadores, los salarios
de los trabajadores calificados y las
pensiones contributivas. La desigualdad en
la distribución de la riqueza es un parámetro
justo que transversa la realidad a través de
estructuras como las telcos.
73
“La pobreza total aumentó 1,7 %
entre 2013 y 2014. En este último año
afectó a 22,4 % de los hogares, mientras que
la pobreza extrema se mantuvo sin cambios
significativos, en 6,7 %. Costa Rica
acumula ya dos décadas sin mostrar avances
sostenidos en esta materia” (p. 75),
sentencia el Informe 21. Referente al
descuido indígena, solo el recuadro 5.10,
del capítulo 5 Fortalecimiento de la
democracia localiza dicho particular de
manera escueta.
Asimismo, al comparar la tasa de
analfabetismo de la población no indígena
del resto del país (4.5 %) con las
correspondientes a las otras poblaciones, se
observan diferencias importantes;
sobresalen los indígenas dentro de los
territorios, con un 30 %, mientras que los
demás indígenas fuera de territorios
autóctonos y los no indígenas que habitan
en los territorios, muestran proporciones
que oscilan entre 12 % y 15 % de
analfabetismo. (Solano, 2011).
Importante rescatar que el
analfabetismo no se mide solo por leer y
escribir, sino por aspectos asociados con las
destrezas en el uso de las TIC, pero antes
debe tenerse acceso de calidad a ellas. Las
comunidades indígenas del sur del país que
poseen conexión no gozan de calidad en el
servicio. Los enlaces con antenas VSAT
que alguna vez colocó el ICE les permiten
un acceso que no cubre la demanda actual.
Por ejemplo, una conexión de 512 kbps no
soporta 30 equipos conectados en un aula
universitaria (UNED, 2015).
La educación es un aspecto
fundamental para el desarrollo de los
pueblos indígenas, como resalta el
Convenio 169, en cuyo artículo 26, exige
medidas para garantizar a los miembros de
los pueblos interesados la posibilidad de
adquirir una educación a todos los niveles,
por lo menos en pie de igualdad con el resto
de la comunidad nacional. El discurso sobre
la globalización no alcanza aquellas
regiones que no reportan rentabilidad al
capital, previa minimización del deber del
Estado-nación para llevarlas a todo el
territorio.
La ruptura de la identidad e imagen
país es una consecuencia más, la cual crea
discriminación y estereotipos que, como
consecuencia encabalgada, produce una
violencia simbólica apoyada en prácticas
culturales adquiridas de culturas ajenas, y
rechazando las prácticas propias del ser
costarricense, es decir, a lo que Vallespín
citado por Palacios ( 2007) llama una
“pluralidad identitaria” ( p. 23).
A propósito, de acuerdo con Giddens,
(1994) la columna vertebral de la
globalización es la “deslocalización”,
74
entendida como la posibilidad de separar las
relaciones sociales de sus contextos locales
y reestructurarles en intervalos espacio-
temporales indefinido. Ergo, el fenómeno
de traslación del capital social al privado se
presenta en múltiples esferas del sistema
vigente con tácticas específicas que poseen
una temporalidad y espacialidad, es decir,
no ocurren espontáneamente, sino
pensadas, exempli gratia la corrupción y la
impunidad, anquilosadas en el espíritu de la
misma ley.
Son los indígenas y comunidades
marginadas las afectadas negativamente al
no formar parte identitaria y global del país.
Esto, es inseparable de la
transnacionalización de las principales
actividades económicas y sociales del
Estado, abordada por Castells (1999), lo que
no le permite asegurar sus territorios y lo
hace verse “débil” en sus funciones como
asociación de dominación legítima, para
continuar delegándolas.
En este panorama, el mercadeo juega
un papel consolidador del sistema privado.
Logra que la sociedad en su condición
ignorante acepte la filantropía privada como
nacida en su seno, como verdadero amor al
prójimo, sin asociar que los recursos
destinados —sin que sea la totalidad de
ellos— conforme su propio capital social, el
cual alguna vez estuvo en manos suyas,
luego del Estado, y finalmente en manos
privadas, hoy.
Una de las señales del subdesarrollo
es la incapacidad de la gente de asociar
hechos, de analizar y concluir sobre ellos.
Acá, los medios de comunicación, en
asociación con actores políticos y
económicos, han logrado la consolidación
del capitalismo —a pesar de su crisis
cultural, no global— y el descrédito de los
sistemas sociales, presos paralelamente de
la corrupción presente en las entrañas.
Por último, vale la pena reiterar la
tesis de Piketty (2015) cuyo trabajo global
reunió vastos datos sobre la evolución del
capital privado en el mundo y su efecto en
las sociedades. Su fórmula r > g
(rendimiento de capital privado es mayor
que la tasa de crecimiento del país) aplica
en este caso, puesto que el capital privado
nacional es mayor que el público, y en la
suma de capital nacional total de un país
concluye que lo público es menor que lo
privado. Es válida la pregunta: ¿cuánto
pesan los bienes asociados a las
telecomunicaciones en el ingreso nacional
y cuanto de ese es privado y vuela a otros
países? En países tercermundistas se
considera una tendencia normal, según
Wallerstein (1994).
75
Conclusiones
En vista de lo anterior, las
conclusiones arrojadas tras la evidencia
empírica, son:
1. La penetración de las
telecomunicaciones se ha quedado en
los indicadores que reflejan
cantidades positivas, pero la realidad
denuncia la pésima distribución en
zonas indígenas o/y marginales de la
geografía nacional.
2. La coexistencia de
elementos capitalistas y no
capitalistas, es decir, del trabajo
productivo y no productivo está viva
en la realidad nacional, es utópico.
3. El Plan Nacional de
Telecomunicaciones de Costa Rica
(PNDT), amparado —entre otros—
en la Ley General de
Telecomunicaciones (N° 8642),
forzada por el Cafta, impulsa
determinadas metas sociales, dentro
de las que está la conectividad de las
zonas recónditas del territorio
nacional, en un entorno privatizado y
competitivo, es decir, extrae recursos
públicos de entes como el ICE y los
adjudica a privados, a través de
Fonatel.
4. ‘Trabajo concreto’ es el que
no es producto de mercancías y el
capital difiere de este. Del primero,
del que realiza el ICE —y realizaba en
economía monopolística—enfocado
en la democratización de las
telecomunicaciones genera renta
pública y no capital variable, es decir,
“un trabajo que absorbe valor, no que
produce valor. Así, la producción se
hace más social y deja de ser pieza de
mercado aunque la tendencia nacional
sea contraria.
5. Al pretender conciliar los
intereses particulares de los capitales
con los generales, como lo hace el
sistema actual costarricense con
diferentes actores, tarde o temprano el
crecimiento económico quiebra para
alguno de los sectores y su carácter se
hace destructivo, ahí es donde debe
intervenir la política en términos
cualitativos, no solo cuantitativos, por
medio de política pública definida, sin
dejar al azar, decisiones que marcan el
rumbo de la nación.
6. El Estado ha perdido la
autonomía infraestructural, entendida
como la capacidad de penetrar en la
sociedad civil y ejecutar las
decisiones políticas que legitiman su
poder.
7. El mercadeo juega un papel
consolidador del sistema privado.
Logra que la sociedad en su condición
ignorante acepte la filantropía
76
privada, sin asociar que los recursos
destinados —sin que sea la totalidad
de ellos— conforme su propio capital
social, el cual alguna vez estuvo en
manos suyas, luego del Estado, y
finalmente en manos privadas.
77
Referencias
Barba, C. (2005). Paradigmas y regímenes de bienestar. Costa Rica: Facso.
Bourdieu y Claude-Passeron, J. (2001). Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica.
España: Editorial Popular.
Mann, M. y Wickman, C. (1993). La autonomía relativa del Estado. Costa Rica: Flacso.
Bustos, A. (2009). La globalización en los sistemas productivos y financieros. Costa Rica:
Editorial UCR.
Díaz, D. (2007). La construcción de la nación: teoría e historia. Costa Rica: Editorial UCR.
Fondo Nacional de Telecomunicaciones. (2015). Fondo Nacional de Telecomunicaciones,
Recuperado de www.sutel.go.cr. [22 de octubre, 2015].
Gamboa, L. (2009). Los retos de la ciudadanía y de la gobernabilidad en la globalización.
Costa Rica: Editorial UCR.
Harvey, D. (2004). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos Aires:
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. México:
McGraw – Hill.
Instituto Costarricense de Electricidad. (2015). Memoria ICE 2014 [pdf]. Recuperado de
http://grupoice.com/wps/portal/gice_memoriainst#.VlPhWbxTPzM [5 de noviembre,
2015].
Offe, C. (1973). Contradicciones en el Estado del Bienestar. Argentina: Alianza Universidad.
Palacios, M. (2007). Estado-nación y nacionalismo: discursos de la práctica discontinua en la
era de la información. Costa Rica: Editorial UCR.
78
Piketty, T. (2015). El Capital en el siglo XXI. México: FCE.
Programa Estado de la Nación (2015). Informes Estado de la Nación 21 Recuperado de
http://www.estadonacion.or.cr/21/ [22 de noviembre, 2015].
República de Costa Rica. (2008). Ley General de Telecomunicaciones. [Pdf]. Recuperado de
www.sutel.go.cr. [12 de marzo, 2015].
Rudolf, H. y Valecillos, H. (1988). El Estado en el capitalismo contemporáneo. Argentina:
Siglo XXI Editores.
Superintendencia de Telecomunicaciones. (2015). Estadísticas del sector telecomunicaciones
Costa Rica 2014 [pdf]. Recuperado de https://sutel.go.cr/informes-indicadores [11 de
octubre, 2015].
Wallerstein, I. (1994). El moderno sistema mundial I. La agricultura capitalista y los orígenes
de la economía-mundo europea en el siglo XVI. México: FCE
