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Universidad Internacional de las Américas Pro Veritatem 2016, 2 (2), 45 - 70, diciembre 2016
Departamento de Investigación ISSN 2215-5317
https://revistas.uia.ac.cr/index.php/proveritatem/issue/view/3
Comunicación Social:
El Estado en la Mediación —Gobernanza— entre la Sociedad y Grupos de Poder
Social Communication: The Role of the Government in the Mediation – Governance – of
Society and Power Groups
Recepción: 30-09-2016
Aceptado: 31-10-2016
Lic. José Pablo Salazar Aguilar, MBA
Investigador social y académico,
Universidad Internacional de las Américas (UIA)
Costa Rica
Resumen
La gobernanza del Estado costarricense sobre el campus de la comunicación social en
el país ha sido permisiva, desbalanceada, endeble y hasta inexistente. Esto ha provocado una
concentración mediática, que se evidencia en la apropiación del espectro radioeléctrico,
principalmente el emporio Repretel. El espectro radioeléctrico es la plataforma técnica y
tecnológica, en la cual residen las frecuencias para radiodifusión y televisión, que se
digitalizarán en pocos años y multiplicará las frecuencias de onda disponibles. Ese espectro es
un bien demanial, según la legislación costarricense; sin embargo, esa condición no ha evitado
la concentración de medios en manos del capital privado o/y extranjero.
Palabras clave: Estado, gobernanza, espectro, radioeléctrico, comunicación, social.
Abstract
The role of the Costa Rican government regarding social communication has been
permissive, unbalanced, weak and even nonexistent. This has caused a media concentration
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which is evident in the appropriation of the radio spectrum, mainly Repretel emporium. Radio
spectrum is the technical and technological platform on which frequencies for radio and
television broadcasting reside. Eventually, they will be scanned in order to multiply the wave
frequencies available. That spectrum is a demanial well, according to Costa Rican law;
however, this condition has not been an obstacle to media concentration in the hands of private
and foreign capital.
Key words: State governance, spectrum, radio, communication, social.
Introducción
El Estado como estructura de
dominación y poder ha sido objeto de
numerosos estudios a través del tiempo,
desde su origen, antes de que Nicolás
Maquiavelo lo mencionara en su obra El
Príncipe, en 1513, incluso. Sin embargo, su
relación con la comunicación social como
‘bien’ demanial abstracto o intangible, ha
sido poco o nada estudiado de manera
específica, aunque sí de manera indirecta,
como cuando se estudia como factor de
éxito en un régimen de bienestar.
Se entiende “gobernanza” como la
orientación idónea de la institucionalidad
del Estado al intervenir para legitimar su
‘fuerza’ o acción sobre la sociedad. Se trata
de una nueva forma de gobernar, sobre
todo, luego de las estructuras y prácticas
rígidas ocurridas antes de la caída del muro
de Berlín (en 1989) y el inicio directo de
conceptos como globalización, liberalismo
económico, mercado y capitalismo.
El nivel de gobernanza que muestra
el Estado costarricense es el objeto de
estudio de la investigación que originó este
artículo. Se plantea en relación con la
disputa de la comunicación social
tangibilizada en el espectro radioeléctrico o
frecuencias, sobre las que “transitan” las
comunicaciones inalámbricas y digitales.
Los actores que riñen por apoderarse de
dicho campus entre los medios de
comunicación masivos son sujetos privados
de poder y la sociedad civil, según
Fernández, Álvarez, Gimenez y Saulnier,
(2012, p. 2) citando a Bourdieu (2003).
Queda en evidencia la cruzada por
ese espacio denominado comunicación
social, concretamente entre Repretel,
emporio mediático latinoamericano, el
afamado Instituto para la Libertad de
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Expresión (Iplex), y la sociedad civil, en el
ejemplo concreto de la Red de Medios e
Iniciativas de Comunicación Alternativos
(RedMICA). En ellos, se representa la
totalidad del conflicto tácito por un campus
crítico, para legitimar el poder mediante el
posicionamiento de un determinado
discurso, acumular capital, o/y multiplicar
la cantidad de voces y su calidad en la lucha
social, que en la praxis, se gesta en la base
de la sociedad, según Karl Marx.
Resulta fundamental formular la
pregunta central, empero seducen otros
tantos cuestionamientos que se responden
en el presente artículo. Estos permiten
ampliar el panorama y, luego, centrarse en
la realidad “objetiva”. Por consiguiente, ¿la
práctica comunicativa, esa misma que se
construye a diario en todos los lugares,
posee las condiciones mínimas para la
autocreación de la sociedad misma?, ¿los
actos de comunicación están condenados a
reproducir la estructura social imperante?, y
¿cuál es el rigor que deben cumplir tanto los
comunicadores como los civiles en procura
de la transformación social de la
comunicación en todos sus extremos?
Esas preguntas se originan en la
cuestión inicial del estudio: ¿Cuál es el
nivel de gobernanza del Estado
costarricense en la mediación de la
comunicación social, entre actores
sociopolíticos activos: Repretel, Iplex y
sociedad civil (RedMICA)?
El principal obstáculo para la
construcción común y espontánea de la
comunicación social costarricense es la
ausencia de una legislación integral (leyes,
reglamentación y políticas públicas), que
regule ese espacio o campus y la forma
como coexisten sus actores o habitus. El
marco normativo debe comprender desde la
concepción más práctica de la
comunicación social —en la calle y redes
sociales— hasta la complejidad del espectro
radioeléctrico que “formaliza” los
discursos. De esta manera, permitirá la
democratización del acceso a los medios de
comunicación audiovisuales a saber: radio,
televisión e internet, para mayor y mejor
número de voces, con énfasis en las
ciudadanas, en el marco del irreparable
apagón analógico, por ahora pactado para
diciembre del 2017.
Precisamente, la hoja de ruta hacia
el apagón analógico, elaborada por el
Viceministerio de Telecomunicaciones de
Costa Rica, denominada Modelo de
Referencia y Plan Maestro de Televisión
Digital Terrestre (TDT) 2016-2017, fue
cuestionada por la RedMICA, en el
Semanario Universidad: “Nunca menciona
el derecho de la ciudadanía a ejercer la
libertad de expresión. La proposición se
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reduce a derechos comerciales de los
concesionarios, y es inaceptable desde la
perspectiva universal de los Derechos
Humanos” (Chacón, 2016, p.10).
Asimismo, Carias (2015) produjo un
diagnóstico sobre los problemas de la
comunicación, en especial, de poco o nulo
acceso a los medios de comunicación de la
ciudadanía en Centroamérica. En resumen:
Los Estados que fomentan
economías de mercado,
donde el valor de los
recursos y las personas
pasa por lo económico, se
han dejado arrebatar su
potestad para regular y
administrar las frecuencias
de radio y televisión, y
hace tiempo que NO
cumplen son su deber de
garantizar el derecho a la
comunicación para toda la
ciudadanía. (párr. 2).
El problema es estructural, no
coyuntural, puesto que data de inicios del
presente siglo. Las diversas organizaciones
sociales se han enfrascado en una lucha por
abrir espacios, principalmente en la radio.
La comunicación, para dichas
organizaciones, es considerada un derecho
humano fundamental y crítico para
regímenes que dicen llamarse “de
bienestar”.
Costa Rica firmó, en el 2008, el
Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos, Centroamérica y República
Dominicana (CAFTA, por sus siglas en
inglés). Ese hecho, en el caso costarricense,
incluyó el sector de telefonía móvil y no
fija, de las telecomunicaciones. Por la
opacidad que tuvo el proceso de
negociación en esta rama, el CAFTA
amputó varios artículos de la Ley de Radio
(número 1758) de 1954, único texto
jurídico, que regula la concesión o
distribución de las frecuencias del espectro
radioeléctrico. De esta forma, el vacío se ha
agravado, porque no es solo un texto
obsoleto, sino insuficiente para la
complejidad nacional actual.
El supuesto Estado social de
derecho costarricense, bajo un modelo
híbrido de regímenes, es afectado de forma
directa por tendencias o paradigmas
políticos, de acuerdo con los gobiernos de
las últimas décadas, las posiciones sociales
y privadas de élites político-empresariales.
Se podría argumentar que Costa Rica ha
hecho converger paradigmas sustentados
bajo discursos de “política social”, tal como
en la actual administración Solís Rivera
(2014-2018), socialdemócrata; en las
administraciones Chichilla Miranda entre
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2010 y 2014 y Arias Sánchez 2006-2010),
seguridad social y legitimidad política; en
las de Pacheco de la Espriella en 2002-2006
y Rodríguez Echeverría 1998-2002, y sin
cambiar de milenio o iniciar ciclo
nuevamente.
Se encuentra en una lucha política
por el poder y el posicionamiento de un
paradigma, como lo argumentó el francés
Foucault (1979), citado por Barba (2005),
“en las sociedades modernas existe una
disputa por la verdad, la cual hace ley,
elabora el discurso verdadero que decide,
transmite, empuja al poder” (p. 140). “Ese
combate es entendido como el conjunto de
reglas que discrimina entre lo falso y lo
verdadero, esto último es el poder” (p. 138).
Por lo tanto, además de los
regímenes citados, se suman visos de
filantropía privada, leyes para pobres,
residuales, entre otros.
Aunque se diga que la
ausencia de políticas
públicas es una forma de
‘normar’ o regular, para este
caso particular, esa
condición es inválida en la
práctica y en el papel.
Asimismo, resulta
imperativo migrar de la
obsolescencia del marco
normativo nacional en
relación con el espectro
radioeléctrico, tangible
fundamental en la
materialización del habitus
y el campus, (Fernández,
2012, p.7, citando a
Bourdieu, 2003)
Por consiguiente, la comunicación
social como práctica de las masas, hacia una
legislación y dinámica social definidas con
base en el entorno y la cultura de Costa Rica
como Estado de Derecho y democracia
ejemplar —en muchos aspectos— en
América latina.
En la actualidad, la discusión de un
texto que regule los espacios de
radiodifusión y teledifusión, tanto en lo
análogo como en su digitalización, es
ineludible en el marco de la apertura de la
industria nacional de las
telecomunicaciones, desde 2008. Por
ejemplo, a inicios de 2015, el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Tecnología (MICIT)
propuso el proyecto Ley General de Radio
y Televisión —según cita el medio digital
CRHoy.com, el pasado 17 de marzo del
2015—, el cual fue cuestionado por los
principales medios de comunicación
masiva del país, con el argumento de un
supuesto respaldo ciudadano a ese reclamo.
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Los emporios de comunicación,
entre los que destacaron Teletica y Repretel,
tras la embestida mediática, que acabó con
las pretensiones del Gobierno costarricense,
jamás mencionaron los restantes artículos
de esa propuesta de ley y, menos aún, el
texto propuesto por la RedMICA,
denominado Ley Participativa de Radio y
Televisión. Este último pretende la
democratización de los medios actuales
concesionados y subutilizados, es decir, la
diversificación y multiplicación de las
voces en la comunicación social per se.
Costa Rica vive una coyuntura
cambiante en lo político, la cual va de una
tendencia centroderechista hacia otra con
tintes izquierdistas, aunque siempre
mantiene matices moderados en el abanico
ideológico. Por ello, aprovechando el
momento, se debe garantizar a la sociedad
como un todo, el acceso —en cantidad y
calidad— a los canales formales e
informales de comunicación.
Costa Rica es un país cuya
geografía apenas sobrepasa los 51 mil
kilómetros cuadros y está ad portas de
alcanzar los cinco millones de habitantes (la
población actual es de 5.832.234 hab. y en
el 2020, será de 5.111.238), según data en
el perfil de internet del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC) (2013, p. 61);
sin embargo, es urgente detener la
propensión a la concentración de medios de
comunicación en absoluto. Fournier,
comunicador de Radio Onda de la
Universidad Estatal a Distancia (UNED) de
Costa Rica, en entrevista efectuada el 10 de
agosto de 2016, señaló el vacío legal de la
legislación actual y la “mutilada” Ley de
Radio (N. 1758) data de 1967, por lo que
“ni siquiera contempla la banda FM ni la
televisión, mientras que es ridícula al
detallar el pago de impuestos y mutuas”.
Founier (2015) indicó:
El panorama se agravó en
2008 con la aprobación de la
Ley General de
Telecomunicaciones, que
dejó pasar la oportunidad de
mejorar la legislación, al
establecer en su artículo 29
que la radiodifusión seguiría
rigiéndose por la antigua Ley
de Radio. No solo dejó
intactas las omisiones y
deficiencias, sino que mutiló
dicha ley al derogar 13 de sus
principales artículos, sin
sustituirlos, amplía (p.22).
La RedMICA (2015), en un
comunicado oficial en su página
electrónica, afirma que los medios de
comunicación social son fundamentales
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“para el ejercicio democrático, la
construcción del conocimiento y la
preservación de la cultura y la identidad”.
De modo que la comunicación social es el
eje de la ‘violencia simbólica’ (Fernández
et. al, 2012, p. 8), en la cual las élites o/y
representaciones de poder, y la sociedad
civil, con sus actores pasivos y sujetos
políticos, disputan su control, y el Estado
es mediador por antonomasia, supuesto
garante del equilibrio tal que exige la
existencia de un bien público.
Por consiguiente, se plantea la
siguiente pregunta: ¿Es posible restringir o
habilitar determinado acceso a la
comunicación como práctica social? Sí,
para efectos de la investigación en proceso,
pero no debe ser percibida como un bien
material susceptible de control en las
dimensiones espacio-tiempo; sin embargo,
es afectado —positiva o negativamente—
por las tecnologías de la información y la
comunicación, o sea, el internet.
Ahora bien, en el sentido práctico de
comunicarse, el marco normativo
internacional relacionado con los derechos
humanos, el cual es supraconstitucional,
evita la restricción en el ejercicio de
expresión, prensa y el conjunto restante de
libertades fundamentales inherentes al ser
humano. Esto está claro en términos de la
comunicación informal-cotidiana, empero
ambiguo en lo que respecta de la
comunicación formal, la cual construye —
como fin último— opinión pública en torno
a las vicisitudes nacionales e
internacionales, en franco diseño de la
cosmovisión individual y subgrupal.
Concomitante con lo anterior, en el
ejercicio periodístico se encuentran
restricciones dentro de los medios de
comunicación, que desembocan en la
censura previa o autocensura. Esas y otras
limitantes articuladas con el sistema
capitalista de las empresas de comunicación
deben cambiarse para evolucionar hacia una
comunicación social libre, pero
responsable. Entonces, se debe trascender
de una comunicación formal inducida por la
compra-venta de la información
mercantilizada, en beneficio de los intereses
políticos y económicos, al tiempo que
perjudica al colectivo que compone los
públicos, hacia una comunicación libre en
sociedad, pero regulada en el cómo se
gestiona su práctica.
Tanto periodistas como individuos
integrantes de la sociedad deben ser libres
de ejercer la comunicación en espacios
formales e informales, sin perder el rol
garante de esa libertad, puesto que “el
respeto por el derecho ajeno, es la paz”,
lanzó Benito Juárez, líder de la
independencia mexicana; precisamente, un
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caso-país deleznable en relación con la ética
y la libertad periodística, a nivel global.
La historia universal revela los
conflictos y sus detalles. Muchos han tenido
su origen en la disputa por los recursos que
garanticen la autonomía nacional o la
supremacía sobre otros, inclusive. La
libertad ciudadana siempre ha sido un
obstáculo para ejercer el poder, aunque
requiere de ella para legitimarlo. Es la
dinámica entre el capital privado y el capital
sociocultural.
En la definición más pura de Estado,
se encuentra que “la doctrina neoliberal
postula, entonces, el achicamiento del
Estado en su mínima expresión y la libertad
de mercado, como factores centrales para
alcanzar la prosperidad (…) Maximizar las
libertades empresariales, garantizar la
propiedad privada, la libertad individual”
(Harvey 2007, citado por Schleifer 2015,
pp.226-227). De modo que es obligación
definir las libertades y deberes del
conglomerado, por tanto, son los medios de
comunicación, una superestructura (Marx,
1975), que compone el apartado superior
para el control de las masas. Esto al cederlo,
entrega poder, siendo algo así como
autolimitarse frente a la colectividad, pese a
que “democracia” es el gobierno del
soberano, del pueblo, esto solo se logra en
la simple y llana teoría.
Sentar las bases jurídicas y teórico-
prácticas para la comunicación social
permite replantear la realidad existente, el
papel del Estado y sus instituciones
(centrales, semiautónomas, autónomas y
privadas) que tienen injerencia con la
comunicación formal. Asimismo, se logrará
un esquema libre desde todas las
perspectivas posibles y con todas las voces
existentes. No se debe obviar la embestida
tecnológica. Pronto se alcanzará la
digitalización, el “apagón analógico”
previsto para el 15 de diciembre del 2017,
según datos del Poder Ejecutivo
(gobierno.cr, 2015) y de no existir una
regulación asertiva y oportuna, los efectos
sociales serán irreversibles.
El campus de la comunicación
social es el lugar imaginario, donde labora
el periodista y convive la sociedad.
Conocerlo bien y establecer las reglas claras
para todos es competencia de un Estado
mediador, entre la sociedad civil y los
actores interesados: privados, semiprivados
y públicos organizados, y grupos
fragmentados, incluso.
Se ha llegado a una de las
encrucijadas de la convivencia social,
apenas en década y media del siglo XXI.
Todo tiembla con la incursión inimaginable
del internet. El periodismo tradicional,
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impreso, conservador y restringido, se haya
en su ocaso, mientras que el “nuevo
periodismo”, digital, multimedia,
innovador, libre y light, toma la batuta y se
enrumba hacia un abismo, siempre que no
se señale la ruta adecuada, la cual no es la
posesión absoluta privada ni la libertad sin
límites de acción.
Se estudia la realidad nacional con
respecto a la comunicación formal, la cual,
existen en el país cinco empresas, que
controlan el 49 % de las frecuencias
radiofónicas y el 88 % de ellas transmiten
desde la Gran Área Metropolitana (GAM),
es decir, solo un 11 % transmite desde zonas
alejadas, según informes de la RedMICA,
obtenidos de su página web. Por esto, se
considera la zona metropolitana, sin obviar
las representaciones rurales. También, se
analiza con reserva la legislación vigente y
la jurisprudencia, bajo el perfil de los
actores internacionales que controlan los
canales de comunicación formales.
Metodología
El método utilizado, a la luz de un
enfoque mixto, es explicativo secuencial
(DEXPLIS). En una primera fase, se
recolectaron y analizaron los datos
cualitativos (CUAL) y, con una guía más
certeza de las “voces formales” como los
académicos, politólogos, sociólogos,
comunicadores, entre otros doctos, se
construyó la fase cuantitativa (CUAN). En
esta segunda, se corroboraron o/y
contrastaron algunos datos, mientras se
complementaron a través del criterio de los
individuos, que integran la sociedad
costarricense, desde su individualidad y su
sentido colectivo.
El diseño explicativo secuencial
tiene levemente —y en primer término— un
mayor cargo en el método cualitativo, para
conectarse con el cuantitativo y explicar el
objeto de estudio, en este caso, la
gobernanza, con todos los matices que la
integran. En el diseño en mención, “los
descubrimientos de ambas etapas se
integran en la interpretación y elaboración
del reporte de estudio”, (Fernández,
Hernández y Baptista, 2014, p. 554).
Además, “un propósito frecuente de este
modelo es utilizar resultados cualitativos
para auxiliar en la interpretación y
explicación de los descubrimientos
cuantitativos iniciales, así como
profundizar en ellos”, o viceversa.
Una vez aplicada la fase cualitativa
de seis entrevistas a profundidad y la
revisión documental, incluida legislación,
jurisprudencia, políticas públicas, informes
oficiales de los entes del Estado central
costarricense y otros apoyos fundamentales,
de un total de 15 textos técnicos y jurídicos,
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se procede a la aplicabilidad de una
encuesta a la sociedad costarricense, con
énfasis en profesionales de la
comunicación, que tenía relación con las
organizaciones estudiadas. Esta última
permitió conocer la percepción en torno al
fenómeno y el nivel de la participación
ciudadana —demostrado parcialmente en
investigaciones de casas encuestadoras— al
respecto del nivel ínfimo de
involucramiento de los individuos en los
asuntos públicos próximos a sus propios
intereses.
Los tres instrumentos idóneos para
recolectar la información responden a un
proceso investigativo mixto por
antonomasia. Se trata de análisis de
documentación o contenido, entrevista en
profundidad y el cuestionario, siendo este
último el correspondiente a la perspectiva
cuantitativa.
Se utilizó el Paquete Estadístico
para Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas
en inglés) de IBM y el Atlas.ti, para análisis
de datos cualitativos. La combinación de
ambos es ideal para la presente
investigación mixta. El IBM-SPSS permite
analizar los resultados de los datos
cuantitativos surgidos de los cuestionarios
considerando las variables y subvariables,
así como las diferentes según el target al
que se dirige el cuestionario.
Atlas.ti, fue de gran utilidad para el
análisis de contenido de los documentos,
tanto en discurso como en la identificación
o descarte de las categorías predefinidas.
También, se analizó el material surgido de
las 10 entrevistas profundas a expertos, a
partir de las unidades definidas en este
mismo capítulo e identificadas en las
preguntas de la guía y las nuevas cuestiones
surgidas sobre la marcha.
En el proceso de investigación
pueden ajustarse otros métodos para
complementar el análisis de los datos
obtenidos, luego del trabajo de campo.
Resultados
Es necesario perfilar la realidad
mediática formal del país en la actualidad y
sus cifras, para medir la gobernanza posible,
antes de entrar en el análisis de los
resultados en la investigación que auxilia el
presente artículo.
Se lleva a cabo el análisis del Atlas
de Superintendencia de
Telecomunicaciones con la distribución de
las frecuencias AM, FM y de televisión
(2016). El primer hallazgo es que el 70 %
de canales de televisión en Costa Rica no
cubre ni la mitad del territorio del país, a
55
pesar de que cuentan con concesiones de
cobertura nacional. La tercera parte de los
canales no cumple ni el 10 % de la
obligación de cobertura que adquirieron. En
televisión abierta, existen 13 canales que no
están del todo en operación y no se registra
esfuerzo alguno por asignarlos.
Más del 90 % de las radios no cubre
ni la mitad del territorio, según la
presentación Uso del Espectro
Radioeléctrico de Costa Rica (Fournier,
2015, pp. 21 - 22). Además, 1,2 de cada 10
frecuencias de radio y televisión de Costa
Rica está concesionada a algún medio
ligado con Repretel, siendo el uso: 35 %
comerciales; 31 % religiosas; suscripción
15 %; locales 13 %; y 6 % públicos.
Cinco empresas acaparan el 59 % de
la totalidad del espectro. A saber, la
televisión en VHF (Very High Frequency,
siglas en inglés) registra un dominio del
71,4 % por empresarios mexicanos; el 14,3
% empresas, costarricenses; y 14,3 % del
Estado. En UHF (Ultra Hig Frecuency,
siglas en inglés) (canales entre el 14 y 69)
pertenecen a cuatro empresas, es decir, el 51
%.
En resumen, Albavisión, casi matriz
de Repretel, es dueña de 82 estaciones de
FM y AM en la región centroamericana y
26 cadenas de televisión con presencia en
13 países. En VHF, el 57,1 % pertenece a
Repretel, mientras que Teleplus digital y La
Nube de Ord concentran 15 canales y dos
emisoras. Por su parte, Prisa Radio está en
12 países y acapara 1.250 emisoras, con un
alcance estimado de 28 millones
de oyentes.
Siempre en lo que respecta a la
distribución nacional y sus actores, los
grupos Nación y Omega, Teletica, Enlace
TV (16 satélites, con presencia en 23 países)
acaparan el porcentaje que no posee
Repretel. El Sistema Nacional de Radio y
Televisión (SINART) solo posee un canal y
dos repetidoras). Nuevamente Repretel
emerge en las estadísticas: aglomera cuatro
frecuencias con posibilidad de pasar de 8 a
20 digitales (p. 70). En relación con los
usos, el 70.6 % son comerciales; 20,6 %
religiosas; 4,9 % no comerciales; y 3,9 %
uso mixto. Cinco empresas son dueñas de
49 % de las FM.
El análisis realizado mediante el
Atlas de frecuencias de Sutel, indica que
Radio Columbia tiene seis frecuencias para
repetirse en AM, pero no las usa. De tal
modo que, de las 102 frecuencias de AM y
FM de Costa Rica, 26 están subutilizadas y
sus concesiones no abarcan toda Costa
Rica. La digitalización ya es una realidad
parcial que aprovechan los dueños de las
frecuencias, puesto que por cada canal se
56
sumarían cuatro más para tener cinco
frecuencias.
Las redes sociales, como
materialización de las TIC, terminan siendo
una mampara que "suaviza" la presión
social sobre varios temas, sobre la
concentración de medios, bajo argumentos
tales como la libertad de expresión. Son
reiteraciones de los mismos discursos
oficiales, es decir, una multiplicación del
mensaje y no un nuevo mensaje.
La Ley General de
Telecomunicaciones señala que la
responsabilidad de la devolución de las
frecuencias que no estén a derecho recae
sobre el Estado. De igual forma, el
Transitorio IV indica que los
concesionarios deben rendir un informe en
el cual indiquen las bandas asignadas y el
uso que hacen de ellas. No obstante, en
agosto de 2016, no lo habían hecho.
El sociólogo alemán, Claus Offe, en
relación con este punto, se refiere a la
estructura interna del Estado capitalista. Los
mecanismos internos para determinar si el
Estado es capitalista o es un Estado dentro
de la sociedad capitalista se denominan
“mecanismos selectivos” (Rudolf y
Valecillos, 1988, p. 41). Estos permiten la
‘selección negativa’ de exclusión de
intereses anticapitalistas; ‘selección
positiva’ de decisiones que favorecen al
grupo capitalista en conjunto en detrimento
de aquellos subgrupos capitales menores;
asimismo, ‘selección enmascarante’,
porque las instituciones deben mantener la
apariencia mientras marginan a las
alternativas anticapitalistas.
De modo que la legislación actual
directa sobre el tema es la Ley de Radio, de
1954. Además de obsoleta, es una ley
cercenada por la de Telecomunicaciones,
siendo —según Claus Offe, citado por
Keane (1990, p. 5)—, un mecanismo
selectivo negativo, desde 2008. Por
ejemplo, el artículo 17, inciso f prohibía la
comercialización de las frecuencias sin
autorización previa, pero este fue reformado
para amparar la realidad desvirtuada del
mercado de frecuencias existente en el país.
La evidencia sobre el acceso, como
posibilidad real o ideal de los actores de
adueñarse o/y participar del esquema social
de la comunicación formal en Costa Rica,
responde a una dinámica de mercado donde
las fuerzas capitalistas y no capitalistas
comparten, hasta cierto punto, la realidad.
Resulta innegable el pulso existente, pero el
interés capital privado prevalece sobre el
social, a agosto de 2016, y así lo revelan los
números obtenidos a partir del Atlas de
Sutel.
57
La coexistencia de las fuerzas
económicas y las sociales resulta requisito
en una democracia liberal como la
costarricense. Sin embargo, la disputa por el
campus de la comunicación social parece
darse en un contexto complejo de
irregularidades y complicidad de un Estado
lento y negligente, el cual —algunas
veces— parece complaciente, cuyas
acciones se ha articulado durante años en
función de los intereses de una parte del
capital, no de su totalidad.
David y Goliat de Tiziano es la
fábula que mejor ejemplifica la disputa
actual del campus de la comunicación
social, desde cualquier perspectiva. Es una
lucha desigual. La dimensión del capital
regional, no solo costarricense, que acapara
el espectro radioeléctrico versus el diminuto
músculo que posee la sociedad, se agrava
ante un marco normativo obsoleto y
amplísimo, cuya generalización es vehículo
para evadir la reglamentación. Se suman
otros aspectos como la ignorancia colectiva
en relación con la importancia de una
idónea distribución del espectro, como bien
demanial. En esa misma fábula adaptada al
tema que nos convoca, este David carece de
honda y piedra para defenderse o atacar.
El mapa mediático está definido y
aglutinado en muy pocas manos. Grandes
capitales foráneos son los dueños, una
legislación omisa o añeja no es capaz de
regular y la negligencia del Estado ha
resultado en “política pública” en la danza
económica de los medios actuales. Casos
como el ecuatoriano y el australiano dejan
al desnudo la vulnerabilidad de la
comunicación social en Costa Rica. Ya lo
decía Offe al referirse a la selección positiva
del capital y, precisamente, el panorama
mediático concentrado se agudizó en los
últimos 20 años.
En la actualidad, el presente
gobierno Solís Rivera fracasó al intentar
someter a consulta, por vías cuestionables,
un texto de propuesta de ley con ciertos
vicios, el cual sirvió para medir fuerzas
entre el Estado y los grupos capitalistas,
resultando ‘derrotado’ el primero y
condenándolo a la complicidad tácita, una
vez más. Ciertamente la discusión quedaría
para el gobierno que administrará el Estado
entre 2018-2022.
El acceso a la plataforma mediática
nacional está vedado para gran parte de la
sociedad. El alcance, por consiguiente, es
ínfimo, ridículo, los textos de análisis
técnico y propuestas legales son correctos
en sus intenciones, para con ese segmento
de la sociedad, sin embargo, lo cierto es que
el aparato estructural de los medios de
comunicación ha implantado un discurso
oficial. Este logra que la mayoría perciba el
58
tema del espectro como algo ajeno, al
“light”, lo acepten como una realidad
natural supeditado al poder financiero, al
libre mercado, en detrimento del modelo de
democracia como se maneja en la teoría.
Por su parte, el sistema de creencias
legitima esa realidad actual. Las
posibilidades de un aparato mediático tan
concentrado, en el corto plazo, resultan
tenebrosas, puesto que Costa Rica, un país
con una cultura tan ‘impropia’ y plagada de
sesgos y vicios, debido al determinismo
tecnológico, es tierra fértil para la
imposición de gobernantes, desde la arena
mediática, a través de una violencia
simbólica que se gesta en conjunto con la
“rebeldía” manifiesta en las redes sociales,
Estas son —en la realidad simples
reproductoras de mensajes provenientes de
la oficialidad. El sistema de comunicación
de un país requiere posicionar una
estructura con pesos y contrapesos
aparentes, cuando responde al mandato
económico y político articulado. Esta se
controla a placer desde la misma estructura
de medios y desde el propio Estado.
La verdadera querella yace detrás de
los discursos como el de los derechos
humanos y la democracia ideal. Sin
embargo, se requiere un balance en el
acceso a los medios para que exista un
alcance significativo. Marx decía (1975)
“algunas veces tenemos de la democracia
una tal representación y no una idea
desarrollada” (p.54). Debe existir una base
sólida, para que está sea una idea
desarrollada, no solo argumentos o
normativas superficiales. Precisamente, el
marco normativo nacional en torno a la
radiodifusión es insignificante y lo será más
al digitalizarse esta.
No existen mecanismos reales y
concretos que el Estado aplique, en aras de
una mejor distribución del espectro. Cuanto
más concreta es una política, más agudos
son los efectos de polarización y los
conflictos, pero, contrariamente, lo que
perjudica en nuestro entorno es la amplitud,
la generalización para el establecimiento de
mecanismos de control de lo es público.
El Estado, bajo el objetivo de que
logre retener la capacidad de control,
derivada del poder político y la legitimidad,
bloquea las formas de valor de uso y trabajo
concreto, enmascarado en un discurso
normalmente aceptado y “empaquetado” en
el concepto de opinión pública, el cual está
designado para todos por igual.
¿Cómo conciliar la acumulación de
capital y el desarrollo infraestructural no
capital del Estado? Se absorbe parte del
excedente social; debe existir una
disponibilidad de infraestructura estatal
59
dispuesta siempre y “un sistema de
creencias legitimadoras institucionalizado
de símbolos políticos y consenso”, según
Offe, citado por Keane (1990, p. 78).
El Estado costarricense tiene que
poseer y proteger la capacidad
infraestructural, para influir en la vida
pública y controlarla. En este caso, la ha
perdido, porque aunque le pertenezca el
espectro radioeléctrico, no lo regula y no lo
fiscaliza, dejando su distribución al azar del
mercado. El gobierno actual (2014-2018)
está tomado por la élite académica,
temporalmente ineficiente en su accionar
político y presa de la mala fe mediática,
formulada por la élite del capital que fragua
sus intenciones con base en la “duda
popular”. Este gobierno optó por heredarle
a la próxima administración la discusión
sobre el espectro y la comunicación.
Hasta este momento, se puede
determinar que la gobernanza es
insustancial. La dinámica formal e informal
carece de reglas y procedimientos legítimos
concomitantes con la llamada democracia.
El discurso está unificado, el poder
proviene de los medios de comunicación
controlados desde juntas directivas de
conglomerados internacionales, que dictan
la realidad y la manera de pensar de la
población.
Los mecanismos generales del
Estado, insuficientes per se, han hecho del
recurso público en discusión un bien
privado. El capitalismo ha alcanzado la
mitad del camino, debido a que la otra mitad
corresponde al capital inmaterial, cognitivo,
es decir, está en los inicios de controlar la
forma de pensar; aunque algunos críticos
afirman que ya ese terreno también está
acorralado por los intereses económicos. El
Estado resultaría un instrumento usado por
el capital para el control de sus estructuras
y superestructuras.
En conjunto, el segmento del capital
como agrupación segmentada y no
beneficiada, anhela el regreso de un
gobierno aún más complaciente con las
acciones de acumulación. “Se utilizan los
medios como vehículo fundamental de
comunicación, influencia y persuasión (…)
Los medios son relativamente autónomos
del poder político, los actores políticos
tienen que guiarse por las reglas, la
tecnología y los intereses de estos”, según
Castells (1998), citado por Gamboa (2009,
p. 14).
Se manifestó en páginas anteriores a
la realidad de una conciencia social clara
sobre lo que es participación ciudadana
entre la población letrada, la cual va más
allá del simple voto en los procesos
electorales. Se trata del activismo y la
60
participación en organizaciones o grupos
con fines públicos o sociales, no privados.
Asimismo, existen un nivel de
conocimiento aceptable sobre la realidad
mediática nacional y conciencia acerca de la
necesidad de cambios en el campus de
comunicación social, por el contrario, de
acciones para mantenerlo tal cual.
Figura 1: ¿Considera que esa comunicación social en Costa Rica cumple los valores
establecidos por y para una democracia representativa?
Esa mayoría letrada critica el
desbalance dentro del campus, desde el
espectro radioeléctrico, sin embargo, la
crítica no es general. Existe un porcentaje
importante de la población que tiene
conocimiento y conciencia (ver Figura 1), y
se inclina por un esquema como el actual.
No es de extrañar, por supuesto, “los
intelectuales” al final terminan siendo
“fracciones dominadas”, según Bourdieu,
de la clase dominante, o de la porción de la
clase dominante que controla
temporalmente el Estado.
La preocupación de esta realidad
deviene del constructo del orden social
establecido. Se vive en una democracia
representativa que no cumple con los
mínimos para serla, al menos desde la
comunicación como campus en disputa. Las
discusiones democráticas, no
condicionadas, sino libres y diversas se
fraguan en ella. Existe una parte de esa
totalidad que está latente en el mundo
digital, otro mundo, otra globalidad, la cual
está articulada con la realidad material que
se vive en las calles del país, más o menos,
de acuerdo con el acceso a las nuevas
tecnologías.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
SÍ NO
61
El acervo y cúmulo de
subjetividades de cada individuo, desde su
propia individualidad y, lo que percibe de
las demás, permitía —se ignora si es así
hoy— la construcción del propio lenguaje a
partir de la lengua, del simbolismo y las
particularidades propias de cada sitio y
subcultura. La realidad actual traslada esa
dinámica al mundo digital, el cual está lejos
de ser “libre”, puesto que además de estar
en discusión la regulación del contenido que
ahí trasiega cada segundo, es controlado por
los discursos unificados desde las élites,
siendo solo reproductores de mensajes
oficializados, o “contestatarios”
delimitados.
Existe una conciencia social sobre la
distribución incorrecta (ver Figura 2) del
espectro radioeléctrico nacional, pero surge
la pregunta sobre si ocurre lo mismo con el
resto de la población que conforma las
audiencias pasivas de los medios de
comunicación. Estos consumen contenidos
falaces que vacían mentes y pervierten el
intelecto y la capacidad de raciocinio.
Muchos de los actores claves de la
comunicación son precavidos en torno a su
posición y por cuestiones ideológicas,
económicas u otras, están en favor de la
concentración de medios, bajo la visión de
mercado.
Figura 2: ¿Cómo califica esa distribución mediática?
En resumen, Repretel es el máximo
concentrador de medios de Costa Rica y de
la región centroamericana; Iplex se muestra
en su página web y sus manifiestos, como
una organización formal, la cual pretende
imponer un discurso determinado que se
relaciona con intangibles, como derechos y
libertades, provenientes intelectuales
BUENA
REGULARMALA
62
portavoces de un sistema democrático
liberal. Mientras tanto, la RedMICA, con
diversos calificativos, representa a la
sociedad civil pensante y “rebelde”,
“socialista”.
Un problema que se analiza en la
cima donde convergen Estado, empresa
privada, y sociedad, encuentra un eco en la
parte inferior, en la sima de la
individualidad o habitus de cada
costarricense, en su subjetividad. Es natural
escuchar a los intelectuales referirse al
derecho a la comunicación, de expresión, al
acceso a la información pública, entre otros.
No obstante, no puede existir libertad de
expresión sin acceso a los medios de
comunicación formales ni este acceso se
puede sustituir por un supuesto acceso a la
estructura informal. Las versiones de las
realidades —no de una única realidad como
la venden los emporios mediáticos— del
país desde cualquier comunidad, se
informan y se conocen a través de la malla
mediática formal, con alcance real,
auspiciada en mecanismos de política
pública y legislación actual, y con visión
social.
El Estado costarricense ha sido
permisivo en relación con la regulación del
espectro radioeléctrico del país, como bien
demanial. Las élites que han ocupado las
diferentes administraciones, desde hace 20
años, han obviado la discusión, incluso en
momentos claves como la entrada en
vigencia del Tratado de Libre Comercio
entre Estados Unidos, Centroamérica y
República Dominicana, en 2008. Las clases
dominantes en sus diferentes “turnos” han
tomado decisiones o dejado de tomar
posición de política pública, según la
conveniencia y oportunidad, en todos los
campos y acá se demuestra que también en
el de la comunicación social.
Ese espacio comunicacional es base
fundamental de una democracia en
cualesquiera estadios referidos. La
comunicación social se construye en el
propio lenguaje, el sistema de creencias, la
cultura, las ideas de un Estado-nación, de un
Estado de derecho. Sin embargo, los
mecanismos que regulan el campus de la
comunicación son insuficientes para
distribuir mejor el espacio o, en su defecto,
ineficiente para evitar que quienes tienen
mayor poder económico se apoderen de una
mayor porción.
Costa Rica posee un Estado
capitalista, cuyos mecanismos selectivos
internos se debaten en la actualidad entre
‘negativos’, dejando de lado los intereses
anticapitalistas, que se personifican en la
RedMICA; ‘positivos’ en favor de grupos
capitalistas específicos, afectando otros
(sub) grupos capitalistas; ‘enmascarantes’,
63
manteniendo la apariencia, al tiempo que se
margina la suma de esos grupos diferentes
que conforma la sociedad misma.
El conjunto de normas materiales y
abstractas, o reglas del juego que establecen
actores, procedimientos y medios legítimos
de acción colectiva son difusos y ambiguos,
en el tanto quienes ostentan el poder
económico se han adueñado de la estructura
de la comunicación social. La “paz social”,
producto de una complicidad tácita de la
mayoría, corrobora que el nivel de
gobernanza del Estado es “aceptable”,
mientras mantenga el control y
alineamiento de las piezas, como en juego
de mesa. Tal paz es ficticia hasta cierto
punto, el cual es desconocido.
En la realidad costarricense, los
grandes capitales tienen vía libre para actuar
(permisos y concesiones van y vienen como
moneda de cambio), mientras que los
pequeños “rebeldes”, conscientes de su
realidad, tratan de modificarla sin éxito, en
medio de una población marginada de la
discusión, presa de los discursos oficiales y
del consumo de “información”, entre otros
distractores posmodernos. Las supuestas
libertades son garantizadas por voces
formales como Iplex, cuya consigna parece
ser “infórmese, exprésese, no importan cual
sea la información o lo que diga, pero
hágalo”, eso sí, “sin ofender el ego de
quienes controlan los medios y los
mensajes”.
La gobernanza estatal en la
mediación ha resultado en la pésima
distribución mediática actual. Falta
participación ciudadana genuina, no como
una voz de aceptación física o digital, sino
como especie de capital axiológico
nacional, en procura de una democracia, de
una verdadera democracia. Adriana
Naranjo, antropóloga y miembro de la
RedMICA decía: “la libertad de expresión
no es suficiente; puedo pararme en el
parque y dar mi opinión, pero sin mayor
incidencia, entonces, el derecho a la
comunicación tiene que ver con la difusión
de mis ideas y recibir las de los demás,
utilizando el espectro (radioeléctrico)”,
según el espacio radiofónico Rompeviento,
sitio comunitario electrónico, con sede en
México.
Discusión
Finalmente, se logra un análisis
integral del fenómeno desde las
perspectivas macro y micro de la
comunicación; desde dentro y fuera de la
comunicación: en la intimidad de la fútil
legislación y los análisis técnicos
infructuosos, hasta la actividad individual y
organizativa de la ciudadanía. La
legislación internacional que resguarda los
64
derechos humanos es importante, pero a la
fecha no ha sido garantía de esas mismas
libertades en el país.
Los diferentes actores que riñen el
campus de la comunicación social
costarricense mantienen una lucha
simbólica, que no ha rendido los resultados
esperados, al considerarse una lucha
desigual entre intereses capitales y grupos
de la sociedad civil organizados, pero con
poder limitado y velocidad de acción
aletargada. El aparato mediático está
vedado para esos grupos sociales, que
luchan precisamente por un espacio en el
espectro radioeléctrico para transmitir ideas
y escuchar otras. Esa es la contradicción de
la lucha simbólica que no trasciende a una
lucha física.
Se conoce a Repretel como el mayor
concentrador mediático del país y esa
tendencia se repite desde México hasta
Suramérica. Es un fenómeno peligroso para
una democracia antiquísima como la
nuestra. Sin embargo, la comunicación y el
balance en el acceso es clave, para
garantizar esa misma gesta democrática.
Ejemplos internacionales de regímenes
autoritarios han iniciado precisamente con
el control de la estructura mediática formal,
para pasar a la restricción explícita de la
comunicación informal en la plataforma
web e incluso en las calles. El
adoctrinamiento discursivo se convertiría
en una consecuencia espontánea. La
concentración es de CDR – Repretel (Grupo
Albavisión), Grupo Nación, Cadena Radial
Costarricense, Prisa Radio, Grupo Omega,
Enlace TV y Teletica. Este último es el
único de capital nacional, al menos en su
segmento accionario más grande.
El Instituto para la Libertad de
Expresión (Iplex) es un ente formal, el cual
reúne un buró clasista de la comunicación
costarricense. Su tendencia es liberal
conservadora, cuyas posiciones están
asociadas con las libertades de expresión y
prensa como discurso intangible, del
imaginario colectivo, pero con poca o
ninguna acción física concreta. Su papel
resulta impreciso e insuficiente sin ir más
allá del simple discurso verbal. Representa
la posición diplomática y política de
comunicadores “con prestigio” dentro del
establishment, complaciente con la tónica
del sistema actual, cuya crítica —se
reitera— se queda meramente en el papel.
La Red de Medios e Iniciativas de
Comunicación Alternativos o RedMICA es
una organización civil que vela, entre otros
objetivos, por el acceso, la pluralidad y
diversidad de las voces desde la plataforma
formal de comunicación social, es decir, el
espectro radioeléctrico. Su logro ha sido
insuficiente por ahora, puesto que a agosto
65
de 2016, se encontraban en un proceso de
“recolección de firmas” ciudadanas, que
respalden la Iniciativa Popular presentada
en la oficina destinada para ese tipo de
propuestas en la Asamblea Legislativa de
Costa Rica.
La comunicación es un derecho
humano, consta en la legislación
internacional y en la Constitución Política
costarricense, artículo 121, inciso 14.
Empero esta normativa localizada en la
cúspide del orden jurídico, solo funge como
un marco general, carente de
reglamentación aplicada a la realidad. Por
ejemplo, la Ley de Radio de 1954, el cual es
un texto obsoleto e insuficiente. La
jurisprudencia existente sigue siendo parte
de un conjunto de textos técnico o /y legales
que recomiendan acciones, más no exige al
Estado la acción urgente y concreta.
Aquellos casos esporádicos, en los cuales sí
se reclama la acción categórica en la
comunicación social formal, evidencian que
la negligencia está a ‘flor de piel’, evidente
entre corrillos de gobiernos complacientes y
cómplices de las clases económico-políticas
que poseen el grueso del espectro, o
administraciones temerosas de la revuelta
mediática que, al cabo llevaría a
manifestaciones populares influidas por los
propios medios de comunicación masiva.
Se logra demostrar que el Estado
incumple con la garantía del acceso a la
estructura mediática formal con un balance
para todos por igual, en procura de un
campus de comunicación social genuino.
Casos como el de Australia desnuda la
realidad costarricense y centroamericana
incluso. La práctica comunicativa
cotidiana, ante esta peligrosa realidad que
se da en las redes sociales y en las calles del
país, está bordeada en absoluto con claras
limitaciones para la propia construcción de
la sociedad misma. Léase de seguida la
próxima conclusión.
Existe una percepción incorrecta de
que el espacio virtual de “la Nube”, en
internet, es un sitio equiparable con el
espacio físico donde convergen partidos
políticos, organizaciones civiles comunales,
entre otras, al defender los derechos a la
comunicación, expresión o prensa, entre
otros. Las redes sociales, blogs, páginas
gratuitas y demás ventanas gratuitas o de
fácil acceso son repetidoras de las voces y
discursos oficiales.
El acceso formal se define como
limitado, casi nulo. El acceso informal a la
arquitectura mediática es alto, pero persigue
la tónica del discurso oficializado y, cuando
no, es rechazado por la mayoría en una
embestida letal que termina por apagar
cualquier intento por pensar diferente.
66
Asimismo, el espacio digitalizado de los
medios no tiene orden y los temas de
verdadera importancia nacional son
fácilmente desviados hacia lo “light”, lo
banal.
Costa Rica presenta una ‘violencia
simbólica’ sostenida e intencionada entre
quienes riñen un espacio dentro de la
comunicación social formal. La RedMICA
y todas las organizaciones, que en ella
convergen, son actores de un pulso; sin
embargo, la discusión de ese pulso parece
desestimada por los próximos dos años,
siendo el Estado el principal cómplice del
desequilibrio disfrazado.
La participación ciudadana es
fundamental para un régimen de bienestar
como el democrático, con todas sus
variaciones, claro está. Esa participación
fáctica requiere que exista un conocimiento
previo sobre lo que implica ser sujeto
político, convicción marcada con fines
sociales y acceso a los medios de
comunicación. Es inimaginable la amplitud
del abanico de la democracia nacional, si los
partidos políticos pequeños y las
organizaciones comunales de todos los
rincones del país tuviesen acceso a los
medios de comunicación formales. El
Estado es un instrumento de las clases
poderosas, en la actualidad. Los grupos
económicos se han aliado con la élite
política para marginar las históricas fuerzas
sociales que batallan por el equilibrio que
per se incluye una democracia legítima.
¡Atención con esto! No existe
conocimiento serio sobre las estructuras
simbólicas de dominación, ocultas en
nuestra entorno comunicacional y cultural,
puesto que se requiere estudio profundo
sobre el tema para identificar a plenitud los
espacios sociales y simbólicos, donde
pugnan los actores capitalistas y
anticapitalistas, en procura de adueñarse del
capital social y cultural.
Por último, el mediador por
concepción natural dentro del régimen
democrático nacional, el Estado, carece de
capacidad para interceder en el campus
formal de la comunicación social. El nivel
de gobernanza es ínfimo: la
institucionalidad, reglas de juego y diálogo
entre los actores, parece truncado por la
falta de voluntad en la dinámica radical de
capitalizar el Estado y sus (in) acciones, en
el marco de la globalización o
mundialización. La sociedad civil está en
una clara desventaja frente a los privados
poderosos, quienes son dueños de la
comunicación social desde una posición
formal que construye la verdad. No existe
tal gobernanza, empero sí está presente en
algún grado al lograrse sostener la paz a
pesar del desbalance antes detallado.
67
Además, la violencia simbólica está
presente con evidente ventaja y vale la pena
preguntarse hasta qué punto esa violencia es
construida por el propio Estado y controlada
por los gobiernos, bajo la justificante
democrática a quo.
68
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