Pro Veritatem 2020, 6 (6)

ISSN Electrónico: 2215-5317

ISSN Impreso: 2215-4574

Universidad Internacional de las Américas

Departamento de Investigación

El Impacto del Modelo Neoliberal en la Educación Chilena

The Impact of Neoliberalism on Chilean Education

Magister Mauricio Ramírez Núñez

Recepción: 20-07-2020

Aceptado: 11-12-2020

Universidad Internacional de las Américas

San José, Costa Rica

ramirez.mauricio@hotmail.com

Ramírez, M.(2020). El Impacto del Modelo Neoliberal en la Educación Chilena. Pro Veritatem, 6 (6), 47 - 59.

Introducción

El presente trabajo busca realizar una reflexión crítica desde una postura latinoamericana, con el fin de mostrar al lector una perspectiva alternativa al discurso oficial sobre el desarrollo, la educación y la economía en América Latina, haciendo énfasis en el impacto del modelo económico impuesto en Chile a partir del año 1973, con el golpe de estado llevado a cabo por el ejército de esa nación a cargo del general Augusto Pinochet, el día 11 de setiembre contra el entonces presidente Salvador Allende.

Por ello, se llevará a cabo una breve introducción sobre la importancia y relación histórica entre educación y poder en América Latina, junto con un repaso de los hechos políticos ocurridos en Chile después del golpe en cuanto al modelo educativo y sus reformas se refiere. Se estudiará el estallido social estudiantil de 2011 y se establece la necesidad de repensar la educación chilena desde la perspectiva de los derechos humanos y no como un servicio desregulado en manos del mercado.

Para la academia especializada en ciencias sociales y estudios latinoamericanos, este texto pretende ser un aporte reflexivo tanto para estudiantes, profesores y tomadores de decisiones

ocupados de construir un futuro digno, respetuoso y soberano a cada una de las naciones que forman este gran espacio geográfico. Los espacios para el análisis crítico, creación de propuestas y combate contra la desigualdad, implica necesariamente el conocer la historia, actores sociales, económicos, políticos, además de los retos que enfrenta la región en la actualidad.

La pandemia del Coronavirus originada en China desde finales de 2019 ha traído consigo el resurgimiento de graves problemas estructurales que la mayoría de los países latinoamericanos vienen arrastrando históricamente, esto sin duda, marca un antes y un después en la forma de pensar en la relación entre lo público y lo privado para buscar nuevos balances de carácter pragmáticos de cara a la nueva normalidad que vendrá dentro de poco.

El planeta y la humanidad se encuentra en una década decisiva y, en consecuencia, ante una encrucijada de carácter existencial; no es posible, con un planeta finito en recursos, tener una economía mundial que piensa solo en crecer de manera infinita, mientras la inequidad, la falta de oportunidades laborales para los sectores más vulnerables crecen. Estamos superando los límites planetarios y distribuyendo desigualmente la riqueza producida, algo que, sin duda, expone riesgos de extinción objetivos.

Los cambios en la estructura del poder mundial, así como en los modelos económicos, influyen directamente en la organización política local de los tradicionales Estado-nación. Estos a su vez, junto con la participación de otros actores, moldean el sistema educativo de cada país, según sean los intereses específicos de cada actor y la coyuntura político-económica en la que se desarrollen dichos acontecimientos.

Lo anterior implica, que la educación es un instrumento de poder (Arrien, 2004) por medio del cual se ha ideologizado, estandarizado y utilizado como una herramienta no solo de formación o preparación para la conducción de la civilización y creación de propuestas para transformar la realidad y retos de cada pueblo, sino también, para el control social

y de adoctrinamiento ideológico de las masas, en medio de diferentes contextos sociopolíticos a lo largo de la historia

No es mentira que América Latina ha sido y sigue siendo un espacio con un gran valor geopolítico, desde el punto de vista estratégico y geoeconómico para las grandes potencias, es por ello que, desde la invasión de los españoles a finales del siglo XV, éstas han puesto sus ojos y han ejercido gran influencia (dominio) sobre la región. Un mecanismo histórico a través del cual mantienen esa injerencia y poder, es la educación (Ramírez, 2018).

Como han propuesto autores como Quijano (2014) y Gómez-Quintero (2010) el conocimiento es un instrumento imperial de colonización e indispensable para que la hegemonía surta efectos concretos a favor de los dominadores y como dice Mignolo (2010), la matriz colonial del poder posee una estructura compleja dentro de la cual está atravesada por controles específicos como la colonialidad del saber.

Después del periodo de la independencia, las nacientes oligarquías latinoamericanas, en sus afanes por parecerse cada vez más a las sociedades europeas y poseer el poder y los bienes materiales que en ellas observaban y añoraban como ideales superiores y últimos, no dudaron en tomar control sobre las nuevas repúblicas independientes, con el fin de iniciar una etapa de “reorganización” de la sociedad, la política y economía, para así emprender el camino hacia ese objetivo, de la mano de la búsqueda de la creación de una identidad nacional, unión y tejido que fortalecería la marcha de la imposición de un orden europeizante (excluyente) en todos los aspectos; desde el cultural, pasando por la educación hasta lo social, sin dejar de lado el político, económico e industrial. (Ramírez, 2018).

No obstante, el rol de la educación en Latinoamérica no deja de ser importante y fundamental en el desarrollo del rumbo de estos pueblos. A pesar de sus defectos y problemas, han surgido alternativas educativas liberadoras, populares, concientizadoras y se han estructurado a través de la historia modelos educativos exitosos administrados por el Estado que han permitido la alfabetización de millones de personas a lo largo y ancho del continente. Un excelente ejemplo, fueron los programas de alfabetización masivos llevados a cabo a principios de los años sesenta del siglo pasado por el educador brasileño e ícono de la educación latinoamericana, Paulo Freire (Ojokheta, 2007).

Pero los cambios en el mundo con el advenimiento de un modelo económico unidimensional, empresarial y totalizante que se autodenominó “global” y “único”, de la mano de una ideología sustentada en los viejos postulados liberales de la economía inglesa, han venido socavando las raíces y la naturaleza misma de la educación, poniéndola en un grave peligro y en algunos casos convirtiéndola en un bien de consumo más, una inversión o servicio en manos del “libre mercado”, desligándola por completo de sus deberes y responsabilidades éticas, populares, humanistas y nacionales. Desde luego, América Latina no es ni ha sido la excepción, los procesos tanto de endo como de exo privatización de la educación en países como Chile lo demuestran (CLADE, 2012).

En el año 2011, estudiantes chilenos salieron a las calles de Santiago para defender un sistema educativo diferente al impuesto con la llegada de la dictadura militar en 1973 (Délano, 2011), en contra del tradicional modelo bancario de la educación, que comparte e instaura precisamente esa visión explicada en el párrafo anterior; una completamente empresarial- gerencial-excluyente, enfocada más en el lucro que en el cumplimiento del acceso a la educación como derecho humano para todas las personas. Se entendió ésta como un derecho económico, naciendo así el “mercado de la educación” en ese país.

Estos y estas jóvenes se unieron y emprendieron una lucha de meses para lograr ser escuchados tanto por el gobierno como por el mismo pueblo, salieron a las calles para hacer visible el malestar y las injusticias ante las que “la mano invisible del mercado” les sumergió, haciéndoles costear hasta en un 75% el costo total de la educación superior en universidades públicas en las cuales poco a poco se fue restando presupuesto público que ayudaba a financiar los estudios de las y los chilenos.

Parte de las reformas realizadas durante la dictadura militar afectaron sectores de gran importancia para el país, uno de ellos; la educación (Molina, 2013). Es por ello, que en este trabajo se estudiarán los cambios que a partir de dicho momento histórico se gestaron sobre el modelo de educación chileno, tomando en cuenta principalmente aquellos que han sido provocados a raíz de la introducción del neoliberalismo como modelo económico dominante en ese país.

Pero antes de continuar, es importante mencionar algunos documentos y leyes concretas que son fundamentales para comprender mejor el proceso de transformación de la educación en Chile, estos son los que han permitido que el sistema haya cambiado hasta llegar a lo que es el día de hoy, con un nivel de descontento y disconformidad popular nunca visto en ese país.

Esos tres documentos base que son el trasfondo de la transformación de la educación chilena, son: la Constitución Política de 1980, la Ley Orgánica de Educación de 1990 y la Ley de Financiamiento Compartido de la Educación aprobada durante el gobierno de Patricio Aylwin en el periodo 1990- 1994.

Desarrollo

El 11 de setiembre de 1973, el entonces democráticamente electo Gobierno de la República de Chile, presidido por el doctor Salvador Allende y el partido Unidad Popular (1970), sufrió un Golpe de Estado encabezado por el entonces General Augusto Pinochet, con el respaldo y apoyo de las fuerzas armadas del Ejército Nacional de Chile, así como del Gobierno de los Estados Unidos (Estévez, 2017).

La dictadura militar fascista iniciada después de este acontecimiento provocó el regreso a una lógica vertical, jerárquica en la toma de decisiones en el Estado y a una profunda reestructuración de este, bajo el argumento de reforzar la seguridad, afianzar el desarrollo, consolidar la idea de nación y libertad, en otras palabras, crear un nuevo tipo de Estado refundando Chile a través de la liberalización y la reducción del aparato estatal en sectores específicos (De la Cruz, 2006). Este proceso fue conducido por un famoso grupo de economistas formados en universidades de los Estados Unidos y conocidos como Los Chicago Boys.

Estos economistas fueron formados bajo la ideología neoliberal, promovida por académicos como Milton Friedman,

Arnold Harberger, Federick Von Hayek, entre otros. Esta ideología es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las

libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, mercados libres y libertad de comercio (Harvey, 2007).

El papel del Estado, para este tipo de pensamiento, debe de ser el de crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas. Por ejemplo, tiene que garantizar la calidad y la integridad del dinero. Igualmente, debe disponer las funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales que son necesarias para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, en caso necesario mediante el uso de la fuerza, el correcto funcionamiento de los mercados.

Por otro lado, en aquellas áreas en las que no existe mercado (como la tierra, el agua, la educación, la atención sanitaria, la seguridad social o la contaminación medioambiental), éstos deben ser creados, cuando sea necesario, mediante la acción estatal. Pero el Estado no debe aventurarse más allá de lo que prescriban estas tareas.

La intervención estatal en los mercados (una vez creados) debe ser mínima porque, de acuerdo con esta teoría, el Estado no puede en modo alguno obtener la información necesaria para anticiparse a las señales del mercado (los precios) y porque es inevitable que poderosos grupos de interés distorsionen y condicionen estas intervenciones estatales (en particular en los sistemas democráticos) atendiendo a su propio beneficio (Harvey, 2007).

Es menester recordar que, en el tema de educación, por ejemplo, el gobierno de Salvador Allende tenía dentro de sus principales objetivos, realizar una profunda reforma, cuyo objetivo era convertirse en un Estado Educador y democratizar así la enseñanza. Durante los tres años que estuvo en el Gobierno el partido Unidad Popular, esta reforma no se concretó, porque entre otras cosas, hubo una mala gestión de las reformas, aunado a una constante conspiración interna apoyada por la Iglesia Católica para evitar cualquier acción concreta por parte del Gobierno (Cruz, 2006).

En Chile, este tema siempre ha sido de gran relevancia para su política interna, tanto así, que la Junta Militar toma el control de la educación apenas toma el poder, lo hace de múltiples formas, como por ejemplo; la intervención militar abierta a centros educativos, ponía a militares

en puestos como rectorías universitarias, se dio una persecución y censura a las y los académicos, hubo profesores exiliados , carreras cercenadas, matrículas cerradas como sociología, periodismo o filosofía (Zurita, 2017).

Una vez ejercido el control puntual de este importante sector, se introduce una fuerte ideología nacionalista con un tinte bastante excluyente y totalitario en el tanto se delimitan las reglas de lo que debe ser el ciudadano chileno y cómo se debe construir la Patria a partir de la constitución de “verdaderos defensores de la nación”, para así, impulsar también ls erradicación de ideas marxistas y pensamiento crítico, aquellos que se salieran de ese modelo, eran enemigos de la patria, no ciudadanos, así que el Gobierno debería hacerse cargo (Cruz, 2006). Inmediatamente después de tomar un control absoluto, sobre todo el aparato del Estado chileno, la dictadura veía necesario crear las condiciones objetivas para así

iniciar con el proceso de transformación

en la educación y el Estado en general.

Como parte de las primeras reformas que hace el gobierno de facto, es una reestructuración en la economía de ese país, esto se refiere precisamente a procesos de privatización en masa de múltiples servicios básicos, entre ellos, Becerra (2015) menciona:

• Agua
• Luz
• Teléfono
• Medicamentos
• El transporte urbano ferroviario y aéreo, así como el servicio de aerorutas para trasladarse no solo entre ciudades, sino, que al interior de éstas
• Metros cúbicos de mar que se entregaron vía concesiones, para la explotación de recursos marinos, extensiones de tierra, también vía concesiones, para la explotación turística
• Importantes ámbitos de la seguridad social como, por ejemplo; la salud, la educación, el sistema de pensiones e incluso las cárceles.

Al observar todo el acontecer, junto al aumento de las contradicciones en el modelo económico imperante, que a través de treinta años ha ido haciendo cada vez más notorio su fracaso, con sus

respectivas consecuencias en este caso sobre la educación, las nuevas generaciones chilenas, conformadas en su mayoría por estudiantes universitarios en primer lugar y luego con el apoyo de los colegiales y otros sectores de la sociedad, conformaron el movimiento por la educación en Chile, en respuesta contra la continuidad de las políticas neoliberales en ese país y a favor de un cambio en el modelo educativo que han conllevado a procesos de privatización y mercantilización de derechos sociales fundamentales. Entre las iniciativas por las cuales lucha este movimiento, se encuentran, según Grillo (2016):

• Educación gratuita
• Educación pública
• La desmunicipalización de la educación
• El fin al lucro en la educación

Las reformas que se dieron con la constitución política de 1981 con respecto a este tema fueron esencialmente privatizadoras y desreguladoras, cuyo objetivo de tal reforma era entregar los procesos de regulación de la educación a los mecanismos del mercado (Moreno & Gamboa, 2014). En relación al primer ámbito de la reforma, es decir, el financiamiento, ésta pasó a regularse por la Ley de Subvenciones de 1981.

Allí se establece que la asignación de recursos a las escuelas por parte del gobierno se relaciona con la cantidad de estudiantes matriculados y la asistencia mensual de éstos a los centros escolares. Este sistema de financiar la educación, ya desregulada en Chile, funciona desde el año 1988 por medio de los vouchers, ello implica que cada estudiante es “dueño” de un voucher o cupón que implícitamente transfiere el financiamiento a la escuela elegida. Si se cambia de escuela, el cupón se mueve con el alumno (Aedo & Sapelli, 2001).

La idea del financiamiento vía subvención por estudiante pretendió ofrecer el escenario apropiado para que los agentes del sector privado viesen en la educación las posibilidades para hacer negocios. De ahí que la propaganda que sirvió para vender la idea estuviese centrada en principios como la libre competencia y el fomento a la iniciativa privada.

Este sistema es un claro ejemplo de endo-privatización de la educación chilena, que se refiere específicamente a la sustitución de la gestión de los asuntos públicos, en este caso la educación, por la idea, metodología y técnica de la empresa privada (Guerrero, 2004), mecanismo que el neoliberalismo entendió como ventajoso para la eficiencia del mercado, pasando a ver a las personas no como ciudadanos, ciudadanas y estudiantes, sino como simples consumidores en la educación, como receptores vacíos de “conocimiento”.

La municipalización de la educación fue la estrategia seguida con el objetivo de descentralizar su administración. Ésta consistió y consiste en trasladar la responsabilidad sobre las escuelas de la educación básica y secundaria, que históricamente habían sido administradas por el Ministerio de Educación, a las municipalidades del país, que hoy son algo más de 300. El Ministerio abandonó sus antiguas funciones relacionadas con el financiamiento, la gestión y la vigilancia pedagógica, y se quedó solamente con tareas relacionadas con el control y la evaluación de programas. De acuerdo con Tai Hsieh y Urquiola (2005), antes del golpe de 1973, existían solamente 3 tipos de escuelas: las escuelas públicas, las escuelas privadas y las escuelas privadas subvencionadas:

Las escuelas públicas eran controladas por el Ministerio de Educación Nacional, que era responsable de todos los aspectos de su funcionamiento. Se contrataba y pagaba los profesores, daban mantenimiento a las instalaciones y diseñaban el plan de estudios. En 1981, el 80% de los estudiantes se encontraban en esas instituciones.

Escuelas privadas: no recibían financiación pública. Las y los inscritos en éstas, pagaban altos costos por matrícula y el sistema atendía principalmente a los hogares de mayores ingresos antes de las reformas, que representaron alrededor del 6-7% de la matrícula.

Escuelas privadas subvencionadas: Éstas no cobraban matrícula, recibían subvenciones públicas y por lo general eran religiosas. El monto del subsidio que recibían dependía de la situación fiscal del gobierno, pero en promedio el 50% del gasto nominal por alumno se recibía al final del año escolar. Antes de la reforma, estas escuelas representan el 15% de la matrícula.

Actualmente, existe en Chile, cuatro tipos de escuelas: las municipales, las privadas subvencionadas, las privadas pagadas y las corporaciones de administración delegada. Estas son

establecimientos de educación media técnico-profesional que cuentan con financiamiento público pero cuya administración ha sido delegada, por la vía de un convenio, a gremios empresariales o corporaciones privadas (Aedo & Sapelli, 2001).

Estas últimas reflejan muy bien, un caso de exo-privatización en la educación, debido a que el Estado transfiere al sector privado, funciones como la administración de centros de enseñanza o instrucción que tradicionalmente han estado bajo la tutela pública.

Dichos procesos han ido transformando la esencia misma del Estado, que pasa de tener una noción de administración y manejo de lo público, a entenderse como una empresa, cuya gerencia implica reducir costos, promover la eficiencia, la competencia y el abrir las puertas al mercado global.

Estos nuevos criterios para la reforma de la administración pública, según los gurús del new public management, van a acabar con la corrupción, la burocracia, la impunidad

y, por ende, tornará al Estado en un ente

completamente eficiente y capaz de responder a las demandas de la ciudadanía.

Sin embargo, los hechos que se han venido presentando en Chile desde el año 2011 con lo que respecta a la educación y a su manejo mercantil, son la prueba empírica que demuestra que estas alternativas o reformas al Estado no son las mejores y que, además, dejan de lado realidades y necesidades que no pueden ser ocultadas o simplemente solucionadas con criterios técnicos.

Entre los problemas y/o diferencias (producto del proceso de privatización) de las cuales se han quejado el estudiantado en sus manifestaciones, se encuentran los temas del acceso igualitario tanto al conocimiento como a los centros de educación, la pérdida de la formación crítica y humanista ante un aumento de la instrucción meramente técnica al estar tan desregulada la educación, la calidad y los contenidos de ésta son muy cuestionables, el sistema actual no garantiza la asequibilidad (infraestructura adecuada, mobiliario educativo suficiente, personal docente formado, equipo y materiales didácticos disponibles), tampoco la aceptabilidad (forma, contenido, currículo de la educación y métodos de enseñanza que deben ser adaptados a los espacios y contextos de cada país), adaptabilidad (diversidad curricular según región y necesidad) y la rendición de cuentas parece no existir de forma real en dicho modelo.

Conclusión

Aunque han pasado los años y la dictadura militar en Chile llegó a su fin, las secuelas o el éxito (según el sujeto de enunciación) del modelo económico impuesto por Pinochet con la ayuda de los chicos de Chicago, siguen vivas. La sociedad lo ha empezado a notar y los cambios producto de la transformación del régimen político-económico para unos pocos, ha significado un progreso económico enorme y para una gran mayoría, una segregación y exclusión social en diversos ámbitos, uno de ellos la educación.

La historia de la imposición del modelo neoliberal en América Latina no ha sido pacífica ni voluntaria; la violencia, los golpes de estado militares y las dictaduras fueron la característica principal de los últimos treinta años. Con contundencia, después de este recorrido histórico, se puede afirmar que esta lógica totalitaria y abiertamente anti democrática, fue la manera más rápida de poner en manos privadas y a precios muy cómodos grandes empresas y negocios que históricamente venían siendo administrados por el Estado, privando evidentemente el derecho económico individual, disfrazado bajo la máscara de un proyecto nación, por encima del bien común y los mismos derechos humanos.

Las reformas económicas llevadas a cabo por las dictaduras en América del Sur, se encargaron de transformar el rol del Estado y de cambiar ejemplos exitosos de organización política, social y económica, para invisibilizarlos e imponer una agenda importada directamente desde los Estados Unidos y ejecutada con la ayuda de sus instrumentos de poder; el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), bajo la consigna del desarrollo y progreso de las naciones, ocasionando heridas sociales y políticas profundas que aún hoy, en pleno siglo XXI, siguen abiertas.

La educación ha sido una de las víctimas de estos procesos. El caso de Chile, como se ha estudiado en este trabajo, demuestra el impacto de dicho modelo económico sobre este sector específico.

El camino tomado después del golpe de estado de 1973, ha dejado una herencia político-

económica que con el paso de los años logró hacer que muchos sectores de la sociedad civil se organizaran y empezaran a salir a las calles para protestar por un cambio en el sistema y en la manera de hacer política pública, como dijo la lideresa estudiantil Camila Vallejo, en una de las tantas entrevistas que se le han hecho: no se puede mejorar el sistema actual, queremos cambiar el modelo educacional porque el modelo fracasó. No queremos mejorar el sistema, sino cambiarlo (Vallejo, 2011).

Con respecto al sistema de vouchers, como argumentan Aedo y Sapelli (2001), una evaluación negativa no advierte que los resultados de un sistema de vouchers dependen crucialmente del diseño del sistema y de las regulaciones contempladas para su aplicación.

Distintos sistemas de vouchers conducen a resultados diversos, en tanto no se debe de ver como algo negativo a priori, pero a la vez, hay que tener claro que en temas como la educación, que más allá de ser un producto o bien de consumo como lo hace ver el neoliberalismo, es un derecho humano fundamental, y éstos mecanismos de mercantilización y financiamiento, no deberían de aplicarse cuando se está hablando o tratando de derechos humanos o servicios públicos básicos que el Estado debería seguir administrando.

También ha quedado claro, que no todo se puede dejar a la libre de la mano invisible del mercado, y como se ha demostrado en los últimos años, el Estado tiene una responsabilidad y un deber de controlar y seguir administrando ciertos servicios básicos para que el acceso universal a estos no sea vea afectado en ninguna circunstancia.

Es necesario recalcar la importancia de reconocer la falacia de la lógica de los criterios meramente técnicos para solucionar los problemas del Estado, con esto se hace referencia, a que por más técnico que sea un criterio, éste siempre va a enunciarse desde una posición política, geográfica e ideológica concreta. Por lo tanto, es falso que son neutrales y carentes de estas posturas, al contrario, han sido invenciones del mismo neoliberalismo que ha hecho del discurso del fin de las ideologías un escudo resistente que sirve para esconder los verdaderos intereses y propósitos que hay detrás de los ajustes o reformas a la administración pública, sus instituciones y al Estado mismo.

Esta falacia se puede desmontar fácilmente, ya que es imposible poder aplicar la misma solución técnica y carente de ideología a todas las naciones por igual, tal y como el Consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial lo han impuesto, porque simple y sencillamente, las necesidades y realidades espaciotemporales que vive cada pueblo son muy diferentes entre sí.

El hecho de querer uniformar con gobiernos tecnócratas a todos los países, no es más que un mecanismo de homogenizar e imponer una única manera de ver, hacer y pensar las cosas. Lo público está más vivo que nunca y ha vuelto con fuerza para quedarse, en especial con el impacto que ha tenido la pandemia de la Covid-19 sobre todos los países y los mercados, haciendo del Estado otra vez más, un actor protagónico en el concierto de las naciones y la toma de decisiones sobre diferentes asuntos relacionados a la economía local y global.

Otro detalle indispensable de recordar es que la organización de la sociedad civil y el auge de los movimientos

sociales tanto en Chile como en el resto de América Latina en los últimos años, refleja cómo las personas están uniéndose y pidiendo cambios estructurales concretos a sus gobiernos, piden un sistema diferente, justo, solidario, que sea sostenible y respetuoso de todas las formas de vida existentes.

Si bien es cierto, en Chile no se solucionado el problema del sistema educativo, la movilización en las calles por parte de las y los estudiantes, así como el acompañamiento de otros sectores de la sociedad, han tenido un impacto positivo sobre la toma de decisiones del gobierno y ha hecho que éste abra mesas para el diálogo y la proposición de modelos alternativos, lo cual es un avance importante en el tema de la lucha contra lo que Boaventura de Sousa Santos llama la razón indolente, esa que no escucha, que no desea aprender y que cree que todo lo sabe, es en los movimientos sociales bien organizados, donde también se encuentra una forma de resistencia y de lucha muy válida para hacer visible el descontento y exigir un cambio.

Las últimas protestas masivas llevadas a cabo en el año 2019, no se pueden entender de forma aislada a todo lo desarrollado en el presente trabajo, sino más bien, como una continuación histórica en la lucha social de un pueblo cada vez más consciente de las desigualdades socioeconómicas de un modelo incapaz de redistribuir equitativamente los frutos del desarrollo, así como de la inacción de la clase política tradicional frente a estos problemas.

Por ahora, parece que, a pesar de los confinamientos, el malestar sigue más vivo que nunca y ya hay académicos por toda la región previendo un nuevo estallido social en cualquier momento. Tocará esperar al periodo post pandemia para evaluar si el proceso y acuerdo entre el actual gobierno y la oposición sobre avanzar hacia una nueva constitución política en esta nación latinoamericana seguirá como se acordó en su momento.

De ser así, sería un hecho verdaderamente histórico en el que, por presión y movilización popular, se establezca una constitución política nueva en un país de América Latina donde nuevos sectores o grupos sociales emergentes puedan tener un espacio de voz y voto a la hora de participar en la redacción de una nueva carta magna, algo realmente histórico en el presente siglo.

Frente a los nuevos sectores plurales de las sociedades actuales y su diversidad de intereses, el abrir espacio a todos ellos para construir un nuevo proyecto país basado en el diálogo, el respeto y la tolerancia, donde ninguno se quede atrás, es una oportunidad con un valor trascendental para la sociedad chilena, una forma de hacer justicia histórica y pasar a la vanguardia con un modelo de Estado incluyente, solidario y responsable ambientalmente.